JUCIL impugna la asignación “ilegal” de destinos a 2.500 guardias civiles

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil exige rehacer el proceso para garantizar igualdad y respeto a derechos de antigüedad y agrupación familiar.
Control de la Guardia Civil de Tráfico | Foto de DGT
photo_camera Guardia Civil de Tráfico | Foto de DGT

JUCIL ha presentado un recurso administrativo ante la Dirección General de la Guardia Civil denunciando irregularidades en la asignación de destinos y vacantes a los miembros de la 129ª promoción (Baeza) y 170ª promoción (Valdemoro), que suman 2.544 agentes.

Según la organización, Interior utilizó un procedimiento excepcional que bloqueó el acceso a ciertos agentes con más antigüedad y a los guardias en prácticas, generando un “enorme malestar” entre los afectados.

Violación del derecho preferente y de conciliación familiar

La asociación subraya que no se ha respetado el derecho preferente absoluto por agrupación familiar ni la posibilidad de solicitar vacantes de manera equitativa. “Se ha privado a los alumnos en determinadas situaciones de poder optar a vacantes y se han alterado asignaciones ya comunicadas, afectando gravemente a la conciliación familiar”, explica JUCIL en su escrito.

Solicitud de rehacer el proceso con transparencia

JUCIL solicita que se publique un nuevo listado de vacantes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, duplicando las plazas asignadas previamente que cuenten con la conformidad de los interesados, de manera que se respete a quienes ya recibieron destino y se ofrezca igualdad a quienes quedaron excluidos. Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, exige “una rápida y decidida actuación” para corregir los perjuicios generados sin afectar a los agentes que ya han obtenido su plaza.

Deficiencia en la oferta de plazas

La asociación también denuncia que el número de vacantes ofrecidas es muy inferior al número de solicitantes, pese al déficit de efectivos en España. JUCIL advierte que estas irregularidades podrían derivar en la nulidad de pleno derecho del proceso, al vulnerar principios legales y constitucionales como la igualdad y la protección de la familia.