La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado la situación que atraviesa el Servicio Marítimo Provincial (SEMAR) de la Guardia Civil en la Región de Murcia, cuyas embarcaciones permanecen amarradas en el puerto de Cartagena debido a diversas deficiencias técnicas, mecánicas y de seguridad.
Según expone la organización, esta situación provoca una importante reducción de la capacidad operativa del servicio y dificulta la vigilancia efectiva y continuada del litoral murciano en un momento que considera especialmente sensible.
Patrulleras sometidas a restricciones de Nivel 1
JUCIL señala que las patrulleras se encuentran sometidas a restricciones de Nivel 1, una catalogación interna que implica una operatividad limitada y restringe de forma significativa la capacidad de actuación de las embarcaciones.
De acuerdo con la asociación, estas limitaciones afectan especialmente a los servicios nocturnos, preventivos y de vigilancia permanente. En la práctica, las embarcaciones quedarían reducidas a actuaciones puntuales cuando son requeridas por el Centro de Operaciones de Servicios (COC) o para colaborar en inspecciones administrativas junto a otros organismos.
La organización considera que esta situación compromete la principal misión del servicio marítimo, centrada en la vigilancia, prevención y persecución de delitos en el mar.
Averías que afectan a la seguridad de la navegación
La documentación técnica analizada por JUCIL recoge, según la asociación, diversas averías que afectan directamente a la seguridad de las embarcaciones y de sus tripulaciones.
Entre las incidencias denunciadas figuran fallos en las luces de navegación y en los sistemas de alumbrado principal y de emergencia, lo que comprometería la operatividad durante la noche o en situaciones de baja visibilidad.
También se mencionan deficiencias en los sistemas de achique, encargados de evacuar agua de las embarcaciones, así como problemas en los sistemas de comunicación considerados esenciales para la coordinación operativa y la seguridad de los agentes.
A ello se sumarían distintos problemas mecánicos y técnicos que, según JUCIL, impiden garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo del servicio ordinario.
Preocupación por el aumento de actividades ilícitas en la costa murciana
La asociación profesional advierte de que esta reducción de la capacidad operativa coincide con un contexto que califica de especialmente preocupante para la seguridad del litoral.
Según denuncia, la disminución de la presencia preventiva de la Guardia Civil estaría favoreciendo una sensación de impunidad entre las organizaciones criminales que operan en la zona.
JUCIL asegura que se está produciendo un incremento de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, la llegada de pateras y narcopateras y el fenómeno conocido como petaqueo, consistente en el suministro de combustible a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en alta mar.
Para la asociación, resulta especialmente grave que una unidad que considera estratégica para la seguridad nacional y el control de fronteras se encuentre limitada por la falta de inversión, mantenimiento y renovación de medios.
Exigen una actuación urgente del Ministerio del Interior
Ante esta situación, JUCIL reclama al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil la adopción de medidas urgentes para recuperar la plena operatividad del Servicio Marítimo Provincial de Murcia.
Entre sus demandas figura la reparación inmediata de las embarcaciones afectadas, la incorporación de medios navales modernos y plenamente operativos, el refuerzo de personal especializado y la puesta en marcha de un plan específico de vigilancia marítima para la costa de la Región de Murcia.
La asociación concluye que no es posible combatir eficazmente el narcotráfico, el petaqueo o la inmigración ilegal con embarcaciones limitadas o averiadas y sostiene que la seguridad de las costas no puede depender de medios que considera insuficientes y deficientes.