El Ejecutivo ha alegado motivos de seguridad para no desvelar el número de efectivos de la UCO que trabajan en investigaciones relacionadas con la corrupción, al entender que esa información forma parte de los datos protegidos por la normativa de secretos oficiales.
La respuesta gubernamental se produce tras una solicitud de información en la que se pedía conocer cuántos agentes están asignados a este tipo de investigaciones. Según el Ejecutivo, facilitar ese dato podría afectar a la eficacia operativa de la unidad y a la seguridad de las investigaciones en curso.
La Unidad Central Operativa es uno de los cuerpos especializados de la Guardia Civil y se encarga de investigaciones complejas vinculadas al crimen organizado, delitos económicos y casos de corrupción de especial relevancia. Muchas de estas actuaciones se desarrollan bajo secreto judicial y requieren un alto nivel de protección de la información.
Desde el Gobierno se subraya que la legislación vigente permite limitar el acceso a determinados datos cuando su divulgación pueda comprometer la seguridad pública o el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La decisión de mantener en reserva esta información se suma a otras resoluciones similares adoptadas en el ámbito de la transparencia, donde el Ejecutivo defiende la necesidad de equilibrar el derecho a la información con la protección de las capacidades operativas de los cuerpos policiales.
