La comunidad venezolana residente en España, uno de los colectivos migrantes más numerosos del país, afronta trabas en sus procesos de inserción laboral y movilidad. Ante esta coyuntura, la plataforma de defensa colectiva ANAUCO Europa ha anunciado el impulso de una estrategia de interlocución institucional dirigida a desbloquear la validación y homologación de sus permisos de conducción, un mecanismo técnico que se encuentra completamente paralizado por las administraciones de ambos países.
La suspensión de este convenio de reconocimiento recíproco no responde a un mero retraso burocrático, sino a una desconexión jurídica formal. El acuerdo original fue suscrito en Caracas el 16 de mayo de 2005 y entró en vigor en agosto de ese mismo año. Sin embargo, mediante una Nota Verbal fechada el 31 de marzo de 2021, el Gobierno de España notificó formalmente a las autoridades venezolanas la suspensión de la aplicación del tratado con efectos retroactivos al 15 de marzo de ese año, una decisión que posteriormente adquirió carácter oficial tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de julio de 2022.
Un lustro de espera e impacto laboral
Para ANAUCO Europa, las consecuencias de esta medida van más allá del ámbito puramente administrativo. "La comunidad venezolana lleva más de cinco años esperando la reactivación de este acuerdo. No estamos hablando solo de un documento; estamos hablando de acceso directo al mercado de trabajo, de autonomía en la movilidad y de una verdadera integración social", argumentan desde la plataforma. Roberto León Parilli, presidente de la organización, destaca que el objetivo prioritario es restituir las condiciones de igualdad para los residentes venezolanos en comparación con los ciudadanos de otras naciones hispanoamericanas que sí se benefician de convenios bilaterales activos y verificables con el Estado español.
La asociación admite de forma transparente que la interrupción del mecanismo de canje estuvo motivada en su día por problemas reales en los protocolos de verificación documental y autenticación de las licencias de conducción emitidas en origen. No obstante, advierten de que la respuesta institucional ha derivado en una exclusión estructural y colectiva, pasando de corregir irregularidades individuales a penalizar administrativamente a miles de personas que necesitan el vehículo como herramienta de sustento diario.
Vías de control seguro para reactivar el convenio
Con el propósito de destrabar la situación, la directiva de ANAUCO ha remitido una propuesta formal de cooperación técnica y diálogo institucional a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España. La hoja de ruta planteada busca estructurar un modelo de salida que sea técnicamente viable, seguro y sostenible para los ministerios implicados. Entre las medidas propuestas, destacan el diseño de protocolos de verificación documental reforzada, el establecimiento de procedimientos de inspección diferenciados, la realización de pruebas de validación complementarias y el intercambio automatizado de datos de tráfico.
Esta iniciativa supone una de las primeras líneas de actuación corporativa desplegadas por la plataforma tras fijar su sede central operativa en Madrid con el fin de coordinar acciones colectivas de consumo, sanidad y finanzas a escala europea.
Su agenda actual en el país incluye de manera paralela la gestión del acceso de la población migrante al sistema bancario internacional y la localización de más de 12.000 mujeres damnificadas por el caso de las prótesis mamarias francesas PIP que aún no han solicitado sus correspondientes indemnizaciones judiciales.
