El Ayuntamiento de Madrid ha logrado recuperar 538 viviendas turísticas ilegales y devolverlas a la legalidad, permitiendo que ahora sean utilizadas por residentes. Este avance es consecuencia del endurecimiento del régimen sancionador, con multas que oscilan entre 30.000 y 100.000 euros, llegando en casos acumulativos hasta 190.000 euros.
Así lo confirmó el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una entrevista en Servimedia, donde explicó que el refuerzo en las inspecciones y la severidad de las sanciones han generado un efecto disuasorio en los propietarios que operaban fuera de la legalidad.
Las sanciones frenan la expansión de los pisos ilegales
Carabante detalló que la estrategia del Ayuntamiento ha logrado revertir la tendencia de expansión de los pisos turísticos ilegales. "Antes se expandían como una mancha de aceite, ahora se reducen en el sentido contrario. Cada vez que se impone una sanción de este importe, las viviendas que están alrededor cierran porque ya no les compensa", explicó.
Anteriormente, con sanciones de apenas 1.000 a 3.000 euros, muchos propietarios optaban por mantener su actividad a pesar de incumplir la normativa. Sin embargo, con el nuevo marco sancionador, los altos costos de las multas están logrando que más viviendas vuelvan a destinarse a residentes.
Del modelo disperso al edificio completo
El delegado de Urbanismo reconoció que el actual modelo de viviendas turísticas dispersas "genera inseguridad" y ha provocado la "expulsión del residente" en algunas zonas del centro de Madrid. Frente a esta situación, el nuevo Plan Reside busca ordenar el turismo y garantizar la protección de los vecinos.
Actualmente, de las 16.000 viviendas turísticas que operan en Madrid, solo 1.131 cuentan con licencia. Según Carabante, este dato refleja el fracaso del modelo aprobado en 2019 por el PSOE y Más Madrid, lo que hace necesario un cambio hacia un sistema basado en la prohibición de pisos turísticos en edificios residenciales y su agrupación en inmuebles destinados íntegramente a esta actividad.
Falta de apoyo del Gobierno central y medidas pendientes
Carabante lamentó la falta de apoyo del Gobierno de España en la lucha contra las viviendas turísticas ilegales. Recordó que el Ejecutivo anunció hace meses la creación de un registro único de viviendas turísticas que aún no está en funcionamiento ni es obligatorio.
Asimismo, criticó la falta de regulación en las plataformas de alquiler como Airbnb, que siguen permitiendo la publicación de pisos sin licencia. "No tiene sentido que se puedan anunciar viviendas ilegales en plataformas comerciales, igual que no se permite anunciar productos ilegales en televisión o radio", argumentó.
El Ayuntamiento de Madrid seguirá aplicando sanciones y reforzando las inspecciones para devolver más viviendas a los residentes, mientras espera que el Gobierno central implemente las medidas prometidas para regular este fenómeno y evitar su proliferación.
