La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, arranca el nuevo curso político con dos grandes retos sobre la mesa: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y la aprobación del Estatuto del Becario, una norma encallada desde hace más de dos años. Ambas iniciativas, enmarcadas en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, son consideradas prioritarias por la líder del espacio confederal, que las defiende como parte del “giro social” que debe adoptar el Gobierno.
Díaz endureció en las últimas semanas su tono frente al PSOE tras los casos de presunta corrupción que salpican a dirigentes socialistas como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, reclamando medidas de regeneración democrática y una agenda social “potente” que devuelva la confianza a la ciudadanía.
El Estatuto del Becario, que ya fue pactado en 2023 con los sindicatos pero frenado por la oposición de la CEOE y por el adelanto electoral, pretende reforzar los derechos de los estudiantes en prácticas y limitar el número de becarios en las empresas para combatir la figura del “falso becario”.
Por su parte, la reducción de jornada laboral no ha llegado aún al Congreso tras el retraso decidido por el Ejecutivo en julio, en un contexto político que consideraban demasiado “ruidoso” para un debate de tal envergadura. El texto, respaldado por CCOO y UGT pero rechazado por CEOE y Cepyme, incluye además la regulación del derecho a la desconexión digital y un refuerzo del control horario digital interoperable para la Inspección de Trabajo.
El futuro de la medida dependerá en buena parte de la negociación con Junts, que mantiene viva su enmienda a la totalidad junto a PP y Vox. Si prospera, la reforma sería devuelta al Consejo de Ministros sin llegar a votarse. Los sindicatos, por su parte, ya han advertido de movilizaciones si la rebaja de jornada no se aprueba de forma inmediata.
Mientras tanto, Díaz también ha situado en su hoja de ruta la apertura de un debate sobre la legislación del despido, aunque reconoce que ese capítulo aún no se ha abordado. Tras unas semanas de descanso en Galicia, donde participó en una manifestación contra la gestión de la Xunta por los incendios en Ourense, la vicepresidenta regresa a la actividad política convencida de que septiembre será clave para impulsar su agenda social.
