El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una medida que actualiza una normativa de 1984 para adaptarse a la era digital. Esta reforma amplía el alcance del derecho de rectificación, incluyendo por primera vez a los influencers y creadores de contenido con un número significativo de seguidores, a quienes se les podrá exigir la rectificación de informaciones falsas o inexactas.
La norma forma parte del Plan de Acción por la Democracia, que busca combatir la desinformación y garantizar el derecho a la información veraz, promoviendo una mayor calidad en el debate público. Según explicó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el objetivo es "hacer más difícil la vida de quienes se dedican a propagar bulos y mentiras, y garantizar que los ciudadanos puedan defenderse de informaciones falsas".
¿A quién afecta la nueva ley?
El derecho de rectificación ahora se extiende no solo a los medios de comunicación tradicionales, sino también a los usuarios de relevancia pública en redes sociales, es decir, aquellos con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en total en varias plataformas. Esta categoría abarca a influencers y creadores de contenido, quienes, según Bolaños, tienen un alcance comparable al de muchos medios tradicionales.
Novedades clave de la ley
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Mecanismos de rectificación en plataformas digitales: Las plataformas deberán facilitar herramientas accesibles para que los afectados puedan solicitar rectificaciones. Además, estarán obligadas a avisar cuando una publicación sea rectificada y enlazar tanto el contenido original como la corrección.
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Ampliación del plazo para rectificaciones: El plazo para solicitar la rectificación se amplía de 7 a 10 días.
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Procedimiento judicial ágil: Si no se concede la rectificación solicitada, el afectado podrá recurrir a un procedimiento judicial que promete una resolución rápida en menos de 10 días.
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Eliminación de barreras formales: Ya no será obligatorio dirigir la solicitud de rectificación al director de un medio, lo que facilita los trámites en el caso de medios digitales o cuentas en redes sociales.
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Protección ampliada: La normativa permite a los familiares de personas fallecidas ejercer el derecho a rectificación si estas son afectadas por noticias falsas.
Influencers como actores clave en la comunicación
Bolaños destacó que la inclusión de los influencers en la ley responde a su impacto como "conformadores de la opinión pública". Según el ministro, "hay profesionales del bulo que difunden informaciones falsas con un alcance superior al de muchos medios tradicionales". Esta nueva regulación pretende poner freno a este fenómeno, alineándose con los principios del Tribunal Constitucional sobre la libertad de información y la lucha contra las fake news.
Reacciones a la ley
La asociación FACUA ha valorado positivamente la medida, considerándola un avance para proteger el honor y garantizar el acceso a la verdad en el entorno digital. Sin embargo, algunos sectores han señalado la dificultad de implementar estas medidas en un ecosistema digital globalizado, donde muchas plataformas operan fuera de la jurisdicción española.
Implicaciones para el futuro
Esta ley no solo moderniza el marco legal español para afrontar los retos de la desinformación en redes sociales, sino que también marca un precedente en Europa al regular la actividad de los influencers. Su implementación requerirá colaboración entre plataformas, usuarios y el Gobierno para garantizar el equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad en la difusión de información.
