El entorno del presidente Pedro Sánchez observa con inquietud el aumento del malestar social en distintos sectores ante el impacto de la situación económica en los hogares. Según informaciones publicadas en los últimos días, en el Ejecutivo existe preocupación por un posible efecto contagio de las protestas sectoriales que pueda derivar en un clima de movilización más amplio y transversal.
Fuentes del ámbito político y económico señalan que el temor no se centra únicamente en la oposición o en el desgaste institucional, sino en la acumulación de tensiones sociales vinculadas al encarecimiento del coste de la vida, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
El factor económico, en el centro de la inquietud
La preocupación del Gobierno se vincula principalmente a la evolución del contexto económico. La persistencia de precios elevados en productos básicos, energía y vivienda está generando una percepción creciente de empobrecimiento entre amplias capas de la población, pese a los indicadores macroeconómicos positivos.
En este sentido, el economista José Ramón Riera ha advertido recientemente de que “cuando el malestar es económico y generalizado, no hay relato político que lo contenga”, subrayando el riesgo de que las tensiones sociales trasciendan a un único colectivo.
Las movilizaciones recientes de agricultores, transportistas y otros sectores son interpretadas en algunos análisis como síntomas de un descontento más profundo y extendido, ligado al deterioro de la capacidad adquisitiva.
Miedo al efecto acumulativo de las protestas
Dentro del Ejecutivo preocupa especialmente el denominado “efecto suma”: protestas aisladas que, al coincidir en el tiempo, terminen configurando un escenario de contestación social más amplio.
Algunos miembros del Gobierno temen que este clima pueda ser capitalizado políticamente por la oposición, convirtiendo la movilización en la calle en un factor relevante del escenario político en los próximos meses.
Los análisis internos apuntan a que la percepción social de la economía, más que los datos oficiales, será determinante en la evolución del clima político.
Un escenario social más tenso
Los indicadores de opinión reflejan que la economía se mantiene entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente por la dificultad para llegar a fin de mes y la presión fiscal derivada del aumento nominal de los ingresos.
Para los analistas, el principal riesgo no reside en una protesta concreta, sino en la posibilidad de que el malestar económico se convierta en transversal, afectando simultáneamente a trabajadores, autónomos y empresas.
Como resume José Ramón Riera, “cuando la calle percibe que su situación empeora de forma sostenida, la respuesta social puede ser rápida y difícil de anticipar”.
En este contexto, el Gobierno mantiene un seguimiento estrecho de la evolución social y económica, consciente de que la estabilidad política dependerá en gran medida de la percepción ciudadana sobre su bienestar real en los próximos meses.
