El Instituto Juan de Mariana, en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, ha presentado el proyecto “Desenredar España”, una iniciativa que propone derogar o reformar más de 200 normas aprobadas durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez con el objetivo de reducir lo que sus impulsores consideran una excesiva carga regulatoria.
La propuesta, que ha sido definida simbólicamente como la “motosierra regulatoria que España necesita”, parte de la premisa de que el país sufre un “grave problema de sobreregulación” que estaría limitando el crecimiento económico, la actividad empresarial y la competitividad.
El trabajo ha sido desarrollado por un equipo de más de quince especialistas, apoyados por herramientas de inteligencia artificial, que han llevado a cabo una auditoría completa del conjunto de leyes aprobadas durante la actual etapa gubernamental.
Cuatro niveles de actuación normativa
El informe estructura su propuesta en cuatro bloques de actuación, diseñados en función de la facilidad y el alcance de las posibles derogaciones o reformas.
En primer lugar, el documento identifica normas que podrían eliminarse desde el primer día de una nueva legislatura, al considerar que su supresión no generaría conflictos jurídicos relevantes ni compromisos internacionales.
El segundo nivel incluye aquellas disposiciones que, según los autores, podrían retirarse mediante ajustes vinculados a los compromisos con la Unión Europea, a través de la modificación de hitos o condiciones previamente acordadas.
El tercer bloque se centra en normativa de origen europeo que, a juicio del informe, habría sido ampliada o endurecida por el legislador nacional, introduciendo cargas adicionales que no serían estrictamente obligatorias desde Bruselas.
Por último, el proyecto señala un conjunto de leyes que no deberían derogarse completamente, pero sí someterse a reformas profundas para reducir su impacto regulatorio.
Un diagnóstico de “asfixia regulatoria”
Los promotores del plan sostienen que la acumulación normativa de los últimos años ha generado una “asfixia regulatoria” que afecta a sectores productivos, inversores y autónomos. Según el análisis presentado, el volumen y la complejidad de las regulaciones habrían incrementado los costes administrativos y reducido los incentivos a la inversión.
El objetivo declarado de la iniciativa es simplificar el marco legal, eliminar duplicidades y reducir trabas administrativas, con la intención de mejorar el entorno económico y favorecer el crecimiento.
Inteligencia artificial para revisar el marco legal
Uno de los elementos destacados del proyecto es el uso de herramientas de inteligencia artificial para analizar el volumen normativo aprobado durante el periodo estudiado. Esta tecnología habría permitido clasificar, comparar y evaluar el impacto potencial de cada disposición dentro del conjunto regulatorio.
Los responsables del informe consideran que este enfoque permite identificar con mayor precisión qué normas generan mayor carga administrativa o económica, facilitando la priorización de reformas.
Una propuesta con vocación de aplicación política
Aunque el documento tiene carácter técnico, sus impulsores plantean el proyecto como una hoja de ruta para futuras mayorías parlamentarias que quieran abordar un proceso amplio de desregulación.
La iniciativa se enmarca en el debate creciente sobre el equilibrio entre regulación y actividad económica, en un contexto en el que distintas organizaciones empresariales y centros de análisis han alertado sobre el aumento del volumen normativo en España en los últimos años.
