La Policía Nacional, en coordinación con la Audiencia Nacional, ha abierto una nueva investigación por una filtración masiva de datos personales que afecta a altos cargos del Gobierno, presidentes autonómicos, exdirigentes políticos y miles de ciudadanos. El caso, instruido por el juzgado central número 1 de la Audiencia Nacional, ha sido calificado preliminarmente como posible delito de terrorismo, dada la gravedad del contenido y su difusión pública.
Entre los afectados se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya fecha de nacimiento, número de DNI y dirección personal han sido divulgados, aunque no se ha filtrado su teléfono móvil. La misma situación afecta a nueve ministros, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, así como a las presidencias de las dos cámaras: Francina Armengol (Congreso) y Pedro Rollán (Senado).
Líderes autonómicos y exalcaldes, también en la lista
En la extensa lista también figuran Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; María Guardiola, presidenta de Extremadura; Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; y el líder de ERC, Oriol Junqueras. En paralelo, se ha confirmado la filtración de credenciales y datos personales de más de 3.000 afiliados de Podemos, incluyendo sus accesos a plataformas internas.
El documento filtrado consta de 500 páginas y ha sido difundido a través de un canal de Telegram, siendo también replicado en la dark web. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que los autores sean los mismos implicados en filtraciones anteriores, atribuibles a un ciberdelincuente que actúa bajo el seudónimo “Akkaspace”.
Ciberataque o minería de datos públicos
Fuentes próximas a la investigación no descartan que parte de la información haya sido extraída de fuentes abiertas, como registros públicos, y luego combinada con datos obtenidos ilícitamente para construir perfiles completos, lo que constituye un riesgo grave para la seguridad y privacidad de las personas implicadas. La información también ha sido publicada en webs utilizadas para ataques de “doxeo”, técnica que consiste en exponer públicamente datos privados con fines de acoso.
Casos anteriores y vínculo con campañas políticas
La Audiencia Nacional ya había abierto una causa previa el 19 de junio, tras la aparición de un listado en Telegram con datos personales de ministros, exdirigentes del PP y otros altos cargos, incluyendo teléfonos, correos electrónicos y domicilios. Parte de la información se difundió en el canal “Alvise Pérez Chat”, asociado a mensajes de apoyo al eurodiputado de extrema derecha.
También se han visto afectados periodistas, miembros de la cúpula del PSOE, como Santos Cerdán, y personas investigadas en el caso Koldo, como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Impacto y respuesta institucional
Hasta el momento no se han producido declaraciones oficiales por parte del presidente ni de los ministros afectados, pero la dirección de la Comisaría General de Información continúa recabando datos y evidencias técnicas. La Policía trabaja también para identificar la brecha de seguridad que permitió estas filtraciones y para rastrear el origen de la información en la dark web.
La gravedad de la situación ha motivado que el juez instructor, Francisco de Jorge, mantenga bajo secreto el procedimiento. Fuentes jurídicas consideran que el objetivo de los autores podría ser intimidar, desacreditar públicamente y facilitar posibles campañas de acoso, lo que justificaría la calificación penal del caso como acto de terrorismo informático.
Riesgos sistémicos
Expertos en ciberseguridad han advertido que estos episodios ponen de manifiesto un “descontrol digital” en la administración pública española, y reclaman un refuerzo inmediato de los protocolos de protección de datos y sistemas de ciberdefensa institucional.
Mientras avanza la investigación, las autoridades no descartan nuevas filtraciones y trabajan para limitar su alcance y mitigar los daños sobre las personas afectadas. La seguridad digital del Estado, advierten fuentes policiales, ha pasado a ser una prioridad crítica.
