La Fundación NEOS ha expresado este lunes su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular impulsada por el Gobierno, una medida que, según las estimaciones que se manejan en torno al proceso, podría afectar al menos a 500.000 personas, con un volumen final que dependerá de su desarrollo normativo y de la respuesta administrativa.
El pronunciamiento de NEOS se produce el mismo día en que el Ejecutivo ha dado luz verde al inicio de la tramitación urgente de un Real Decreto que articulará el procedimiento, tras el acuerdo político alcanzado entre el PSOE y Podemos. La iniciativa se impulsa por vía reglamentaria, tras meses de bloqueo parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización, que había sido admitida a trámite en el Congreso pero no había avanzado de forma efectiva.
Qué se ha aprobado y cómo se aplicará
La medida prevé la apertura de una ventana extraordinaria de regularización con un calendario administrativo delimitado, que permitirá a las personas en situación irregular solicitar autorización de residencia y trabajo. Según lo difundido hasta ahora, el proceso se activaría a partir de la primavera y tendría una duración limitada de varios meses.
Entre los requisitos que se han hecho públicos figura la acreditación de presencia continuada en España antes del 31 de diciembre de 2025, un periodo mínimo de permanencia —en torno a cinco meses— y la inexistencia de antecedentes penales relevantes. Además, el diseño del procedimiento contempla la posibilidad de incorporarse al mercado laboral desde la admisión a trámite de la solicitud.
La crítica de NEOS: “se ha superado la capacidad de absorción”
En su comunicado, NEOS sostiene que, si bien es legítimo aspirar a una vida mejor, el deber de acogida tiene límites vinculados a la capacidad real de integración de la sociedad receptora. La fundación apela a la denominada “ratio de absorción” para advertir de que España habría superado ese umbral, en un contexto en el que cerca del 20% de la población es de origen extranjero y algunas comunidades autónomas alcanzan porcentajes sensiblemente superiores.
NEOS alerta de que el ritmo de entrada anual de inmigrantes —superior al medio millón de personas— está ejerciendo una presión creciente sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales, que en determinadas zonas ya se encuentran tensionados. A ello añade la aparición de problemas de integración en distintos puntos del país.
La fundación considera especialmente grave que se pueda regularizar a personas que, según su interpretación de los criterios anunciados, solo tendrían que acreditar unos pocos meses de residencia, lo que a su juicio supondría “dar carta de naturalidad a la entrada ilegal” y enviar una señal equivocada en materia de control migratorio.
Cuestionamiento del procedimiento político
Más allá del contenido de la medida, NEOS critica la forma en que se ha articulado. La organización sostiene que la regularización se ha negociado al margen del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, y con una fuerza política minoritaria, lo que, a su juicio, debilita el consenso institucional necesario para una política migratoria de alcance estructural.
Asimismo, advierte de que las consecuencias más inmediatas de la regularización recaerán sobre los sistemas autonómicos de educación y sanidad, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, lo que podría acentuar los desequilibrios territoriales y la tensión competencial.
Debate de fondo: sostenibilidad y planificación
El anuncio ha reabierto el debate sobre la eficacia de las regularizaciones extraordinarias como herramienta para reducir la inmigración irregular. Distintos análisis técnicos vienen señalando que, sin cambios en los flujos de entrada y en los mecanismos de control y arraigo, este tipo de medidas tienden a tener efectos limitados en el medio plazo y pueden generar un efecto llamada si no se acompañan de una estrategia integral.
Desde el ámbito de la seguridad y la gestión administrativa también se ha advertido de la complejidad operativa que supone tramitar en un corto espacio de tiempo cientos de miles de expedientes, así como de la necesidad de dotar de medios suficientes a las administraciones implicadas para evitar colapsos.
Llamamiento a una política de Estado
NEOS concluye su comunicado reclamando una política activa y estratégica de inmigración que combine control de flujos, integración efectiva, cohesión social y sostenibilidad del Estado del bienestar. La fundación insiste en que España necesita una política de Estado en esta materia, estable y consensuada, que evite soluciones coyunturales y decisiones de alto impacto adoptadas sin un debate institucional amplio.
