El correo electrónico, parte de una causa que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, fue entregado a Lobato antes de su divulgación pública. El análisis del dispositivo, que Lobato entregó voluntariamente tras declarar como testigo el 20 de noviembre, indica que el mensaje fue enviado a Lobato por Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa.
Sánchez Acera remitió a Lobato una carta que la defensa de González Amador había enviado a la Fiscalía de Madrid, admitiendo dos delitos fiscales con el objetivo de alcanzar un acuerdo.
Conclusiones de la UCO
Según el oficio presentado al juez por los agentes de la UCO, el correo entre el abogado defensor de González Amador y la Fiscalía no fue publicado en los medios de comunicación hasta después de haber estado en manos de Sánchez Acera y otras figuras vinculadas al entorno de Moncloa.
El análisis del móvil concluye que a las 8:29 horas del día en cuestión, el correo completo aún no se había divulgado públicamente, pero ya era conocido por:
- Juan Lobato.
- Pilar Sánchez Acera, asesora de Moncloa.
- Francesc Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación.
- Laura Sánchez Espada, directora de comunicación de la ministra de Vivienda.
- Ion Antolín, actual secretario de Estado de Comunicación y exdirector de comunicación del PSOE.
Implicaciones legales
La revelación de estos hechos ha generado sospechas de una posible filtración de información privilegiada desde Moncloa, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos. Este caso ya está siendo investigado por el juez, con una atención especial a la procedencia del correo y el modo en que llegó a manos de estas figuras antes de su difusión mediática.
Contexto político
El caso ha añadido tensión a la relación entre el PSOE y el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, especialmente al implicar directamente a funcionarios de alto nivel en Moncloa. El equipo de la presidenta regional ha calificado estos hechos como una intromisión grave y una utilización de información privada para fines políticos.
La investigación continúa, mientras los responsables políticos involucrados enfrentan un escrutinio cada vez mayor sobre su papel en esta supuesta filtración.
