Sanz lo ha calificado como un "trato permanente de agravio" hacia la Comunidad de Madrid. Según Sanz, este pacto "fomenta la inmigración ilegal" y convierte a las personas "vulnerables" en "mercancías de reparto" con el único objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permanezca en La Moncloa.
Madrid rechaza el reparto desigual de inmigrantes
Durante su comparecencia, Sanz adelantó que, si se confirma que Madrid deberá acoger a 700 personas mientras que Cataluña solo recibirá a 30, la Comunidad de Madrid recurrirá a "todos los resortes legales" para frenar lo que considera un nuevo "agravio" y "privilegio" hacia los socios del Ejecutivo.
"Es un trato permanente de agravio hacia la ciudad de Madrid y, sobre todo, un trato de privilegio hacia los socios políticos a los que Sánchez ha comprado el Gobierno de España. Es una situación muy grave", aseguró la vicealcaldesa.
Críticas a la gestión migratoria del Gobierno
Sanz criticó duramente la política migratoria del Ejecutivo, acusándolo de tratar a los inmigrantes como "moneda de cambio" y de fomentar la "inmigración ilegal e irregular" en lugar de aplicar medidas con "rigor" y "planificación". En este sentido, insistió en que "no es serio" traer personas sin una evaluación previa de sus condiciones y necesidades.
Preocupación por la situación en Barajas y Carabanchel
La vicealcaldesa también abordó la creciente crisis humanitaria en el aeropuerto de Barajas, donde decenas de personas sin hogar pernoctan ante la falta de recursos. Asimismo, mencionó la saturación del centro de acogida de migrantes en Carabanchel, señalando que estas situaciones reflejan la "falta de previsión" del Gobierno en materia de gestión migratoria.
"El Gobierno de España está enviando inmigrantes a Madrid sin ningún tipo de planificación ni coordinación, lo que genera situaciones insostenibles tanto en el aeropuerto como en los centros de acogida. Esta política migratoria no puede seguir así", enfatizó Sanz.
Madrid estudia medidas legales contra el acuerdo
Ante la posibilidad de que el pacto de inmigración se materialice en los términos anunciados, la Comunidad de Madrid se plantea tomar medidas legales para impedir su aplicación. "No vamos a permitir que se imponga un nuevo agravio a Madrid mientras otras comunidades son favorecidas", advirtió la vicealcaldesa.
