El Juzgado de Primera Instancia número 91 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación presentada por la Comunidad de Madrid contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, por sus declaraciones en las que afirmó que miles de mayores fueron “asesinados” en las residencias madrileñas durante la pandemia.
La Justicia ha citado a Maroto el próximo 10 de junio, en un paso previo a una posible querella si no se retracta públicamente. La demanda fue registrada el pasado 19 de marzo y se centra en las acusaciones vertidas por la portavoz socialista, quien atribuyó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un supuesto protocolo que habría provocado la muerte de 7.291 personas mayores durante la crisis sanitaria.
El Ejecutivo madrileño ha defendido que estas afirmaciones constituyen una grave ofensa a los profesionales sanitarios y a todos los que trabajaron para salvar vidas durante la emergencia sanitaria. Así lo ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien calificó las palabras de Maroto como "una muestra más de la decadencia política".
Además, el consejero advirtió que cualquier acusación de delitos hacia la Comunidad, sus responsables o los profesionales que gestionaron la pandemia, tendrá “respuesta en los tribunales en forma de querella”.
A pesar de que Maroto rectificó días después, aclarando que no quiso acusar de asesinato a nadie y que su intención era denunciar la falta de atención médica, la Comunidad de Madrid ha decidido seguir adelante con la vía judicial, considerando que las acusaciones "no pueden quedar impunes".
La polémica ha provocado además la ruptura de relaciones institucionales entre el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida y el Grupo Municipal Socialista, que solo podrá interactuar en lo sucesivo con el Ejecutivo a través de los cauces oficiales en plenos y comisiones. Almeida calificó las palabras de Maroto como “inaceptables, nauseabundas e indecentes”, y aseguró que "imputar asesinatos" constituye un delito de extrema gravedad.
La causa sigue su curso y el acto de conciliación del 10 de junio marcará el siguiente paso en un conflicto que ha escalado desde el terreno político hasta el judicial.
