La condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sigue generando diferencias y tensión entre los principales partidos. Ante lo que la oposición califica como una "campaña de desinformación y victimismo" por parte del bloque de la izquierda para amortiguar el golpe judicial, el Partido Popular ha decidido pasar a la ofensiva con un tono marcadamente pedagógico y directo.
La encargada de liderar esta réplica ha sido Ester Muñoz. A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la diputada popular ha desarmado de forma brillante, uno a uno y recurriendo a conceptos del "derecho penal básico", los cinco argumentos que el entorno de Moncloa está intentando difundir para restar gravedad a la sentencia del tribunal.
Muñoz destaca por una contundencia pasmosa al traducir la compleja terminología judicial a un lenguaje accesible para el ciudadano de a pie, desmontando la narrativa de que se trata de un caso de persecución política o lawfare, como han sugerido políticos como Gabriel Rufián o Óscar Puente.
Del "apellido" a la "cooperación necesaria": los cinco desmentidos
En su intervención, Muñoz rebate en primer lugar el argumento de que la condena se deba a una cuestión familiar: "No le condenan por su apellido, le condenan por cooperación necesaria en un delito de prevaricación". La diputada popular esgrime el contenido de la propia sentencia, la cual detalla que David Sánchez era plenamente consciente de que el puesto de trabajo se había diseñado específicamente para él, participando activamente en el proceso para revestirlo de una apariencia legal y modificando posteriormente la plaza para adaptarla a sus intereses personales y operísticos.
El segundo de los puntos señalados por la diputada popular hace alusión a las lecturas "parciales" que se están haciendo del texto judicial para afirmar que el delito no ha quedado probado. "No recortes la frase, Monse, sigue leyendo", ironiza Muñoz en referencia directa a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La dirigente del PP aclara que lo que la sentencia considera "no probado" es la existencia de una presión concreta —motivo por el cual David Sánchez ha sido absuelto de tráfico de influencias—, pero recalca que "que te absuelvan de un delito no borra la condena por otro".
Asimismo, Muñoz sale al paso de las acusaciones de lawfare y politización de la justicia, recordando que el proceso ha contado con todas las garantías democráticas: una investigación exhaustiva, un juicio con presentación de pruebas, el pleno derecho a la defensa, una sentencia motivada y la vía libre para interponer recursos. "Cuando una sentencia les gusta, la llaman justicia; cuando condenan a uno de los suyos, lo llaman lawfare", sentencia resumiendo lo que piensan muchos ciudadanos libres.
Clase rápida de Código Penal
Uno de los momentos más contundentes del análisis de Ester Muñoz llega al explicar cómo es posible condenar por prevaricación a alguien que no ostenta la condición de funcionario público. Frente al argumento de la izquierda de que David Sánchez no podía delinquir por esta vía al no ser empleado público, Muñoz recurre al artículo 28 del Código Penal: "Es verdad que David Sánchez no puede ser autor directo de prevaricar porque no es funcionario. Por eso la sentencia lo condena como cooperador necesario. El artículo 28 permite condenar a quien coopera con un acto sin el cual el delito no se habría cometido. Esto no es una opinión política, esto es derecho penal básico".
Por último, la diputada del PP califica de "cortina de humo" la acusación de que su partido carece de propuestas programáticas y que solo busca el rédito político a través de los tribunales. Muñoz revela que el Grupo Popular tiene actualmente más de 60 proposiciones de ley registradas en el Congreso de los Diputados, pero denuncia que se encuentran "bloqueadas" de forma sistemática por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ante "el miedo del Gobierno a que salgan adelante".
Con esta intervención, el Partido Popular busca neutralizar la estrategia de control de daños de Moncloa, trasladando el debate desde la confrontación puramente política al terreno de la literalidad jurídica y los hechos probados en sede judicial.
