La gestión del Ministerio de Sanidad vuelve a generar tensiones con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Durante el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado este martes, los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y Madrid, Fátima Matute, arremetieron contra el Ejecutivo central por no abordar la falta de profesionales sanitarios durante el verano y por presentar un reparto de fondos que tildan de “propagandístico e insuficiente”.
En concreto, el Ministerio ha planteado el reparto de más de 172 millones de euros para Atención Primaria, 39 millones para salud mental, 18 millones para prevención del suicidio y 2 millones para salud digital. Una cifra que, según Vázquez, equivale a “3,5 euros por español” en atención primaria y apenas “1,2 euros” en salud mental. Además, criticó que la mitad de los fondos estén condicionados al cumplimiento de medidas impuestas por el Gobierno, como la convocatoria de plazas públicas o planes para cubrir vacantes de difícil cobertura.
Falta de profesionales, el gran ausente del orden del día
Uno de los principales reproches de las comunidades populares es la ausencia de un debate sobre la falta estructural de médicos, que se agrava cada verano por la marcha vacacional de los profesionales. “En estas fechas, habría sido mucho más útil hablar del problema real que tenemos todas las comunidades con la Atención Primaria: la falta de médicos”, insistió Vázquez.
En esa línea, también se ha echado en falta una discusión sobre el polémico estatuto marco del personal sanitario, cuya reforma ha provocado ya una huelga médica a nivel nacional y otra convocada para el próximo 10 de octubre.
Críticas al Estatuto Marco y a la gestión de Mónica García
La consejera madrileña Fátima Matute criticó duramente la forma en que el Ministerio, dirigido por Mónica García, está tramitando esta reforma. “El estatuto marco es necesario, pero se está haciendo sin consenso ni transparencia, y lo que ha conseguido es enfrentar a las diferentes categorías profesionales”, afirmó.
Matute defendió que “cada categoría sanitaria debe tener su propia especificidad dentro del estatuto, pero sin fragmentar ni dividir al colectivo profesional”. Pidió a la ministra que retome el diálogo y que deje de “enfrentar a médicos, enfermeras y otros profesionales del sistema sanitario”.
Una demanda de diálogo y planificación
Ambos consejeros exigieron que el Ministerio de Sanidad abandone lo que consideran una política basada en anuncios y asuma de una vez “sus responsabilidades en la gestión de la sanidad pública”. En su opinión, el reparto de fondos y las reformas normativas deben abordarse desde la planificación, el diálogo con las comunidades autónomas y el consenso con los profesionales.
A falta de respuestas concretas, los gobiernos autonómicos del PP amenazan con aumentar la presión institucional y política, en un contexto en el que la sanidad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas en todas las encuestas.
