El Gobierno ha dado luz verde al nombramiento de Arancha González Laya como nueva consejera dominical en Redeia, antiguo Grupo Red Eléctrica, empresa que gestiona infraestructuras críticas de electricidad y telecomunicaciones en España y América Latina. La decisión, promovida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee el 20 % del capital de Redeia, consolida un nuevo episodio en la controvertida relación entre política y grandes empresas públicas.
González Laya, que ocupó el cargo de ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación entre enero de 2020 y julio de 2021, ha desarrollado una extensa carrera en organismos internacionales como la Comisión Europea y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde 2022 ejerce como decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA), cargo que compagina ahora con esta nueva responsabilidad empresarial.
Un nombramiento sin experiencia en el sector energético
Aunque su perfil destaca por una sólida formación jurídica y diplomática, no cuenta con experiencia en el ámbito energético o en gestión de infraestructuras eléctricas, lo que ha generado críticas en sectores económicos y técnicos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y con un posgrado en Derecho Europeo por la Universidad Carlos III, su trayectoria se ha centrado en comercio internacional, relaciones institucionales y asesoramiento jurídico en Bruselas.
Su incorporación a Redeia se produce en sustitución de Ricardo García Herrera, consejero vinculado al PP, y se une a un consejo presidido por Beatriz Corredor, también exministra y figura destacada del PSOE. González Laya percibirá una retribución anual de 175.000 euros, similar a la que recibía su antecesor, muy por encima del salario medio de los trabajadores de la compañía.
Críticas por el uso político de empresas públicas
El nombramiento ha reavivado las críticas sobre el uso de las empresas públicas cotizadas como destino de ex altos cargos del Gobierno. Grupos de la oposición y sectores sociales han denunciado el uso de “puertas giratorias”, acusando al Ejecutivo de colocar a perfiles políticos afines en consejos de administración sin vinculación técnica con el sector que gestionan.
Redeia se encuentra actualmente bajo la lupa tras el apagón del pasado 28 de abril, cuyas causas aún no han sido aclaradas públicamente. Expertos del sector energético insisten en que la empresa dispone de sistemas de control que le permiten conocer al instante cualquier fallo en la red, por lo que la demora en la explicación oficial genera desconfianza sobre la transparencia del operador del sistema eléctrico español.
Reparto político en empresas estratégicas
La designación de González Laya se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para reconfigurar los consejos de administración de grandes compañías públicas. Junto a ella, se han incorporado también al consejo de Redeia la economista Natalia Fabra, muy próxima a la vicepresidenta Teresa Ribera, y Albert Castellanos, exalto cargo de ERC en la Generalitat, vinculado al entorno de Oriol Junqueras. En paralelo, Junts per Catalunya ha colocado a Oriol Pinya en el consejo de Indra, cerrando así un reparto entre socios parlamentarios del Ejecutivo.
Perfil internacional sin vínculo energético
A pesar de la ausencia de experiencia directa en el sector eléctrico, fuentes cercanas al Gobierno justifican el nombramiento de González Laya por su conocimiento en relaciones internacionales, economía global y estructuras europeas, ámbitos clave para los intereses de una empresa con fuerte presencia en Latinoamérica y entornos regulatorios complejos. Entre sus cargos más destacados figuran su etapa como portavoz de la CE en comercio (2002–2004), jefa de gabinete del director de la OMC (2005–2013) y presidenta del Comité de Sabios sobre el Futuro de la Unión Aduanera.
Con esta decisión, la SEPI fortalece su control en uno de los principales operadores de infraestructuras estratégicas del país, mientras que se aviva el debate sobre la legitimidad del uso político de empresas públicas cotizadas para dar salida profesional a antiguos miembros del Gobierno. Una práctica que el propio Pedro Sánchez criticó duramente en la oposición, pero que se ha intensificado bajo su mandato.
