Alvise Pérez, que fue citado a declarar voluntariamente en el Tribunal Supremo, ha negado que sus comunicaciones en redes sociales y otros canales tuvieran como intención hostigar o poner en peligro a los dos eurodiputados que en 2025 rompieron con su formación, Diego Solier y Nora Junco, y se integraron en otro grupo parlamentario europeo tras denunciar prácticas autoritarias dentro de SALF.
El alto tribunal investiga ahora si la actividad de Alvise puede constituir delitos de revelación de secretos y de acoso, en el marco de una causa penal que se suma a otras abiertas en el Supremo contra él. En sus declaraciones, el eurodiputado ha defendido que sus intervenciones no buscaban intimidar a nadie, sino ejercer lo que él considera crítica política legítima ante lo que interpretó como una traición política por parte de sus antiguos compañeros.
En el proceso, los magistrados analizarán asimismo si las publicaciones de Alvise, incluidas las que difundieron datos personales de los afectados y suscitó temor por su seguridad, excedieron el marco de la libertad de expresión y entraron en la esfera de conductas penalmente relevantes, como sostiene la parte denunciante. Los ex eurodiputados denunciaron que las acciones generaron una intensa campaña de hostigamiento y que llegaron a alterar sus rutinas diarias, motivo por el que presentaron querellas en el alto tribunal.
La causa abierta por acoso y revelación de secretos es una de las cuatro investigaciones distintas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra Alvise, que incluyen otros supuestos delitos relacionados con financiación irregular del partido y difusión de información falsa. Estas causas han motivado solicitudes de levantamiento de inmunidad ante el Parlamento Europeo para permitir que la justicia española avance en las diligencias.
