Cada año, miles de autónomos, trabajadores, pensionistas y pequeños empresarios reciben requerimientos de Hacienda. Si deben unos cientos o unos miles de euros, la maquinaria administrativa se pone en marcha con una rapidez extraordinaria: recargos, intereses, embargos de cuentas, salarios, devoluciones de la renta e incluso la enajenación de bienes cuando la deuda persiste.
Sin embargo, cada verano la Agencia Tributaria publica la lista oficial de grandes deudores y los españoles volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿cómo es posible que existan personas físicas que deben millones de euros y continúen figurando en esa lista año tras año? La lista de 2026 incluye 1.111 personas físicas y 4.742 personas jurídicas, con una deuda conjunta superior a 15.400 millones de euros.
Entre las personas físicas con mayores deudas aparecen nombres como Ramón Olivares Garrigós, con cerca de 37 millones de euros; Agapito García Sánchez, con casi 15 millones; Juan Antonio Acedo, alrededor de 7 millones; Mario Conde, con más de 6 millones; Javier Banderas, casi 3 millones; Arantxa Sánchez Vicario, más de 3 millones; José María Enríquez Negreira, alrededor de 1,1 millones; Isabel Pantoja, más de 1,2 millones; Paz Vega, cerca de 1,8 millones; Arda Turan, más de 1,2 millones; Joan Gaspart, alrededor de 1 millón; Bertín Osborne, unos 835.000 euros; Patricia Conde, 714.615 euros; Kiko Matamoros, 600.740 euros; y Luis Medina, unos 640.000 euros.
Nadie discute que muchos de estos casos pueden estar inmersos en procedimientos judiciales, recursos, concursos de acreedores o situaciones de insolvencia. Pero lo que el ciudadano corriente no entiende es que, cuando él debe una cantidad muy inferior, la actuación administrativa suele ser inmediata y contundente.
La Ley General Tributaria concede a la Administración amplias facultades para asegurar el cobro de las deudas tributarias mediante embargos y, cuando procede, la enajenación de bienes. Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si esos mecanismos se están utilizando con la misma intensidad cuando el deudor debe millones de euros que cuando quien debe es un trabajador, un autónomo o un pequeño comerciante.
No pido privilegios para nadie. Pido exactamente lo contrario: igualdad. Si la ley es igual para todos, debe aplicarse con el mismo rigor a quien debe 800 euros que a quien debe ocho millones. La confianza de los ciudadanos en el sistema tributario depende de esa igualdad.
Porque mientras un pequeño empresario puede perder su cuenta bancaria o su vivienda por una deuda relativamente modesta, contemplar cómo determinados nombres se repiten durante años en la lista de grandes deudores provoca una sensación de impotencia y de desigualdad difícil de justificar.
Los españoles cumplimos con nuestras obligaciones fiscales porque sabemos que los impuestos sostienen la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios públicos. Pero también tenemos derecho a exigir que quienes más deben respondan con la misma contundencia con la que responde cualquier ciudadano cuando Hacienda llama a su puerta.
No puede haber dos varas de medir. La fortaleza de un Estado de Derecho no se demuestra persiguiendo únicamente al contribuyente que no puede defenderse. Se demuestra haciendo cumplir la ley con la misma firmeza, sin importar el nombre, la fama o el patrimonio del deudor. Solo entonces podremos decir, sin reservas, que en España todos somos realmente iguales ante la ley.
