El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha recordado por escrito al Gobierno central que dispone de menos de un mes para desalojar y cerrar definitivamente el centro de inmigrantes que opera sin licencia en el municipio, ubicado en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El consistorio advierte de que, si no se cumple la orden municipal, acudirá a los tribunales e iniciará un procedimiento sancionador con multas de hasta tres millones de euros.
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha remitido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que recuerda que el centro —un Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE)— carece del título habilitante necesario para la actividad que desarrolla actualmente.
Un edificio con licencia para 150 funcionarios, no para más de 400 inmigrantes
Según detalla el Ayuntamiento, el inmueble cuenta con licencia exclusivamente para el hospedaje de hasta 150 funcionarios, pero el Ministerio lo estaría utilizando para alojar a más de 400 inmigrantes, triplicando e incluso cuadruplicando su capacidad autorizada. Esta situación motivó que el consistorio decretara el cierre definitivo de la actividad a mediados de septiembre.
En la resolución municipal, firmada el pasado 12 de septiembre y notificada el día 16, se concedía al Ministerio un plazo de cuatro meses para ejecutar la clausura, plazo que finaliza el 17 de enero de 2026.
Sin alegaciones ni recursos judiciales conocidos
En la misiva, la alcaldesa subraya que el Ministerio no presentó alegaciones administrativas, ni consta la solicitud de un nuevo título habilitante, pese a que se concedió un plazo de 15 días para ello. Tampoco existe constancia de la interposición de un recurso judicial dentro del plazo legal, que venció el 17 de noviembre.
“El Ayuntamiento no ha recibido absolutamente ninguna notificación, ni planificación alguna para cumplir la orden de cierre”, señala el escrito, que añade que sería “insólito” que se hubiera presentado un recurso sin que haya llegado comunicación oficial al consistorio.
Amenaza de vía judicial y sanciones millonarias
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha sido tajante: si el Gobierno central mantiene abierto el centro más allá del 17 de enero, el consistorio acudirá a los tribunales y abrirá un procedimiento sancionador administrativo, que podría conllevar multas de hasta tres millones de euros.
La alcaldesa solicita formalmente al Ministerio información sobre las medidas previstas para cumplir la resolución municipal y cesar una actividad que se desarrolla sin licencia, insistiendo en la necesidad de respetar el principio de legalidad urbanística.
Reivindicación de las competencias municipales
Desde el Ayuntamiento de Pozuelo se insiste en que la ley es igual para todas las administraciones y que no se puede mantener una actividad irregular amparándose en la titularidad estatal del edificio. El consistorio recuerda que las competencias urbanísticas y de licencias corresponden al ámbito municipal, y que su resolución sigue plenamente vigente.
