La Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación de Galapagar cumple su primer año de funcionamiento, un servicio impulsado por el Ayuntamiento para asesorar a los vecinos ante posibles casos de ocupación ilegal de viviendas. Durante este tiempo, el consistorio ha atendido 25 consultas y ha puesto en marcha medidas de apoyo jurídico, mediación y coordinación con la Policía Local.
El objetivo de esta iniciativa es acompañar a los propietarios que atraviesan situaciones relacionadas con ocupaciones ilegales, conflictos de arrendamiento o riesgo de ocupación, ofreciendo asesoramiento gratuito y apoyo institucional.
Asesoramiento jurídico y coordinación con la Policía Local
La oficina ofrece orientación legal a los propietarios afectados, así como seguimiento de casos y colaboración con la Policía Local para realizar actuaciones preventivas o mediaciones.
El concejal de Atención al Ciudadano de Galapagar, Román Robles, explica que el servicio incluye asistencia jurídica gratuita y coordinación directa con los cuerpos de seguridad cuando se detectan casos de ocupación.
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Municipal, Rafael Hernández, señala que el trabajo policial se centra tanto en acciones preventivas como en intervenciones cuando la ocupación ya se ha producido, además de labores de mediación.
Registro de viviendas en riesgo de ocupación
Entre las herramientas creadas por el Ayuntamiento destaca un registro de viviendas consideradas en riesgo de ocupación, lo que permite realizar labores de vigilancia preventiva y detectar posibles problemas antes de que se produzcan situaciones ilegales.
Los datos municipales indican que el 48% de las consultas recibidas están relacionadas directamente con ocupaciones ilegales, mientras que el resto corresponde a conflictos de arrendamiento, riesgo de ocupación o problemas de convivencia.
Casos reales que reflejan el problema
Algunos vecinos han recurrido a este servicio tras vivir situaciones complicadas. Uno de ellos relata que durante once meses tuvo una vivienda cercana ocupada, lo que generó problemas de convivencia en el entorno.
Según explica, las personas que ocupaban el inmueble llegaron a alquilarlo a terceros, lo que provocaba constantes entradas y salidas de personas en la zona.
Este tipo de situaciones ha llevado al Ayuntamiento a reforzar el mensaje de que el municipio pretende actuar con firmeza frente a las ocupaciones ilegales.
El concejal Román Robles ha señalado que el objetivo es proteger a los propietarios y advertir de que el municipio no será un destino fácil para quienes pretendan ocupar viviendas ilegalmente.
Debate político sobre la utilidad del servicio
Aunque el gobierno municipal defiende la utilidad de la oficina, la iniciativa también ha generado críticas desde la oposición local.
La coalición Por Galapagar (Más Madrid, IU y Galapagar Importa) cuestiona la eficacia del servicio y considera que solo una parte de las consultas corresponde realmente a casos de ocupación.
Desde esta formación sostienen que algunas consultas se repiten o no presentan indicios claros de delito, y critican que la oficina puede duplicar funciones que ya realizan otros servicios municipales.
Además, proponen priorizar políticas públicas relacionadas con vivienda y mediación social para abordar el problema desde una perspectiva más amplia.
Un año de funcionamiento con balance positivo para el Ayuntamiento
Pese a las críticas, el gobierno municipal considera que el primer año de la oficina ha sido positivo, ya que ha permitido dar apoyo directo a vecinos que enfrentan situaciones complejas relacionadas con la vivienda.
El consistorio asegura que seguirá reforzando este servicio con el objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia en el municipio, manteniendo la coordinación con los servicios jurídicos y la Policía Local.
