Un amplio dispositivo de Policía Local y Guardia Civil ha llevado a cabo este jueves el desalojo de un edificio okupado en la calle Real 13-15 de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, en una actuación que ha afectado a más de medio centenar de personas, aunque en el inmueble residían más de un centenar según colectivos sociales.
El operativo se ha desarrollado desde primera hora de la mañana entre momentos de tensión, con la presencia de decenas de vecinos y miembros de la Asamblea de Vivienda que intentaron frenar el lanzamiento colocando enseres y colchones en la entrada del edificio.
Seguridad y salubridad, motivos del desalojo
El Ayuntamiento ha defendido que la actuación responde exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad, tras constatar que el inmueble no reunía las condiciones mínimas para su uso como vivienda.
Según el Consistorio, informes técnicos municipales acreditan deficiencias estructurales, carencias graves en materia higiénico-sanitaria y riesgos para la integridad física de los ocupantes. Entre los factores determinantes figura un incendio registrado el pasado 26 de octubre, tras el cual los Bomberos alertaron del peligro que supondría un nuevo siniestro.
Además, el edificio carecía de licencia de primera ocupación, lo que reforzó la decisión municipal. El Ayuntamiento asegura que previamente se concedió a la propiedad un plazo para buscar soluciones y alternativas para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Protestas y denuncias de los afectados
Desde la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba han cuestionado la legalidad del procedimiento y sostienen que no existía autorización judicial de entrada ni declaración de ruina del inmueble. El colectivo ha aportado un informe técnico independiente que señala que la estructura del edificio sería “sólida y estable”.
Los residentes denuncian además que la mayoría de las familias no cuenta con alternativa habitacional, pese a que en el bloque vivían 43 familias, entre ellas menores, personas mayores y personas con discapacidad. Según la Asamblea, únicamente 15 tenían compromiso de reubicación.
Algunos desalojados han reclamado soluciones urgentes. “Estamos en la calle y no tenemos dónde ir”, explicaban varios afectados, que califican la actuación de “injusta”.
Contexto social y críticas por el impacto
Organizaciones sociales y sindicales han advertido del impacto del desalojo en pleno invierno, con temperaturas cercanas a los 3 grados, y han reclamado medidas urgentes de realojo. También han alertado del riesgo de recurrir a procedimientos administrativos para desalojos sin resolución judicial.
Por su parte, la alcaldesa ha señalado que las personas desalojadas eran adultos en su mayoría y sin signos aparentes de vulnerabilidad, y ha insistido en que la actuación se ha realizado con proporcionalidad y dentro de la legalidad.
El desalojo se produce meses después de otra intervención similar en un inmueble de la Sareb en el municipio, lo que, según los colectivos sociales, evidencia un problema estructural de acceso a la vivienda en la localidad.
