El Ejecutivo local ha reaccionado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya decidido mantener la suspensión cautelar acordada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo hasta que este resuelva sobre el fondo del asunto. Según el ayuntamiento, el procedimiento judicial continúa en fase probatoria y la próxima semana se celebrará una vista oral en la que las partes defenderán las pruebas testificales y periciales aportadas, lo que podría dar lugar incluso a nuevas diligencias antes de la resolución definitiva.
El consistorio insiste en que el proyecto cumple la legalidad en todos sus extremos, también desde el punto de vista medioambiental. El desarrollo prevé la construcción de un millar de viviendas, de las cuales 300 estarían destinadas a familias numerosas con precios asequibles gracias a la colaboración entre promotores y ayuntamiento.
Además de la promoción residencial, el Gobierno local destaca que los promotores cederán gratuitamente hasta 40 hectáreas de monte actualmente de titularidad privada, que pasarán a formar parte del patrimonio municipal. Estas superficies, según el Ayuntamiento de Pozuelo, deberán ser protegidas, conservadas y abiertas al uso público, convirtiéndose en una zona verde de acceso para todos los vecinos. En esa área se encuentra la masa arbórea con valor ambiental, que quedaría preservada.
La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miriam Picazo, ha subrayado que "es falso que la Justicia haya tumbado este proyecto. Lo que ha hecho el TSJM es mantener la paralización cautelar hasta que el juzgado que lleva el caso resuelva sobre el fondo del asunto".
También ha recordado que el PSOE de Pozuelo se descolgó del procedimiento hace cuatro meses al presentar su recurso fuera de plazo, y ha añadido que "es muy sorprendente que alguien denuncie por razones medioambientales un desarrollo gracias al cual todos los vecinos de Pozuelo van a ganar 40 hectáreas de monte protegido que ahora son privadas".
El Gobierno municipal confía en que la resolución judicial permita reactivar un desarrollo que considera estratégico tanto para ampliar la oferta de vivienda como para incrementar el patrimonio verde del municipio.
