La imputación de Juan Manuel Serrano en el denominado ‘caso Leire’ incorpora un nuevo nombre del antiguo entorno de confianza de Pedro Sánchez a las investigaciones judiciales que afectan a varios de quienes participaron en su regreso a la Secretaría General del PSOE.
En 2017, Sánchez recorrió España durante las primarias socialistas apoyado por un reducido grupo de colaboradores que desempeñó un papel importante en la campaña con la que recuperó el liderazgo del partido. Aquel episodio quedó simbolizado por los desplazamientos realizados en un Peugeot, origen de la expresión ‘banda del Peugeot’ utilizada posteriormente por medios de comunicación y partidos de la oposición.
Entre las personas vinculadas a ese núcleo se encontraban José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, a los que ahora se suma Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez y expresidente de Correos.
Juan Manuel Serrano, imputado en el ‘caso Leire’
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó imputar a Serrano después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción. La investigación analiza su posible vinculación con la actividad atribuida a la exmilitante socialista Leire Díez y con una presunta trama dirigida a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del Gobierno.
Según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Serrano habría estado relacionado con el nombramiento de Díez como responsable de Comunicación en Correos durante su etapa al frente de la empresa pública.
La Guardia Civil sostiene que ese nombramiento pudo estar “amañado” y relaciona al expresidente de Correos con posibles irregularidades en licitaciones y contratos públicos, así como con actuaciones encaminadas a proteger los intereses del partido ante determinadas investigaciones judiciales.
La imputación de Serrano amplía así el número de antiguos colaboradores de Sánchez que se encuentran investigados o han estado vinculados a procedimientos judiciales.
Ábalos y Koldo, del distanciamiento público al proceso judicial
La investigación sobre José Luis Ábalos y Koldo García comenzó a adquirir una dimensión pública el 20 de febrero de 2024, cuando la UCO detuvo al antiguo asesor del Ministerio de Transportes por su presunta participación en una trama relacionada con contratos de compra de mascarillas durante la pandemia.
Ábalos aseguró entonces que se había enterado en ese momento y manifestó estar “estupefacto”, tratando de marcar distancias con quien había sido durante años uno de sus principales colaboradores.
Sin embargo, el avance de la investigación fue incorporando nuevos indicios sobre el exministro, tanto en relación con los contratos de mascarillas como con otras líneas relacionadas con el rescate de Air Europa, la visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, la contratación de Jésica R. en empresas públicas y posibles adjudicaciones irregulares de obras.
El Tribunal Supremo abrió una causa contra Ábalos por su condición de diputado y, posteriormente, la investigación fue ampliando los delitos atribuidos y el volumen de documentación analizada.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exministro 24 años de prisión, mientras que para Koldo García pidió 19 años y medio, dentro de la causa relacionada con los contratos de mascarillas. Ambos ingresaron en prisión provisional por decisión judicial ante el riesgo apreciado de fuga, según la información facilitada.
Santos Cerdán y la investigación sobre adjudicaciones públicas
La situación de Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, también marcó un punto de inflexión en el entorno más próximo al presidente del Gobierno.
Un informe de la UCO situó a Cerdán como una figura relevante en una presunta organización relacionada con el amaño de contratos de obra pública y el cobro de comisiones. La Guardia Civil le atribuyó un papel en la reclamación y distribución de cantidades procedentes de constructoras supuestamente favorecidas.
Tras conocerse el informe, Cerdán presentó su dimisión como secretario de Organización del PSOE y renunció a su acta de diputado.
El Tribunal Supremo acordó su ingreso en prisión provisional, donde permaneció durante varios meses. Posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares, entre ellas comparecencias periódicas ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar España.
La investigación mantuvo los indicios relacionados con los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, además de abrir nuevas líneas sobre las relaciones entre empresas beneficiarias de adjudicaciones públicas.
El Peugeot de las primarias, convertido en símbolo político
La campaña de 2017 convirtió aquel vehículo en un símbolo del regreso de Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE. Ábalos, Koldo y Cerdán fueron presentados durante años como figuras decisivas en la reconstrucción política del actual presidente.
Koldo García participó en la custodia y distribución de los avales necesarios para las primarias. Santos Cerdán desempeñó un papel destacado en la organización territorial y en el recuento de apoyos, mientras que Ábalos se convirtió posteriormente en secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes.
Con el paso del tiempo, aquel episodio ha adquirido un significado completamente diferente. Los mismos nombres vinculados al ascenso interno de Sánchez aparecen ahora relacionados con investigaciones judiciales, peticiones de prisión y presuntas irregularidades en contratos públicos.
La oposición ha utilizado esta circunstancia para reforzar sus ataques contra el presidente del Gobierno y cuestionar que desconociera las actividades de personas que ocuparon puestos de máxima confianza tanto en el partido como en el Ejecutivo.
Sánchez, sin imputación formal
Pese al avance de las investigaciones sobre sus antiguos colaboradores, Pedro Sánchez no figura imputado en las causas mencionadas, de acuerdo con la información aportada.
Las pesquisas de la UCO se han centrado en quienes intervinieron directamente en la gestión de contratos, adjudicaciones, pagos y supuestos acuerdos con empresas. Hasta el momento, las diligencias descritas no han atribuido al presidente una intervención directa en esas operaciones.
No obstante, la sucesión de investigaciones sobre personas de su entorno ha incrementado la presión política y las exigencias de explicaciones públicas.
El Partido Popular ha utilizado la expresión ‘banda del Peugeot’ en sus campañas contra el Ejecutivo, llegando a difundir un vídeo en el que presenta a Sánchez, Ábalos, Koldo y Cerdán como integrantes de un mismo círculo político.
Un entorno que fue decisivo para recuperar el PSOE
La relación entre Sánchez y sus antiguos colaboradores se remonta a la etapa más difícil de su trayectoria política, después de abandonar la Secretaría General del PSOE y emprender una campaña para recuperar el control de la formación.
Santos Cerdán fue una de las pocas personas que conoció anticipadamente el número de avales reunidos para aquella candidatura. José Luis Ábalos desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción del aparato político, mientras Koldo García se convirtió en una figura operativa de confianza.
Posteriormente, Cerdán asumió responsabilidades en la dirección socialista y participó en negociaciones con formaciones nacionalistas e independentistas, entre ellas Junts y EH Bildu.
Durante años, los integrantes de aquel núcleo ocuparon posiciones relevantes en el partido, el Gobierno y distintas empresas públicas. La evolución de las causas judiciales ha desmantelado progresivamente ese antiguo equipo.
La imputación de Serrano añade presión sobre el PSOE
La incorporación de Juan Manuel Serrano al ‘caso Leire’ vuelve a conectar una investigación judicial con una persona que estuvo directamente vinculada a Pedro Sánchez.
Serrano fue jefe de Gabinete del actual presidente cuando este dirigía el PSOE y posteriormente ocupó la Presidencia de Correos, desde donde, según la UCO, pudo colaborar estrechamente con Leire Díez.
La investigación deberá determinar ahora el alcance de esa relación y si tuvo algún papel en el nombramiento de la exmilitante socialista, en la adjudicación de contratos o en las actuaciones destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales.
La imputación no supone una condena, pero amplía el foco judicial sobre el antiguo círculo que acompañó a Sánchez en su regreso al liderazgo socialista y vuelve a situar al PSOE ante uno de sus principales problemas políticos: explicar cómo varias de las personas que ocuparon puestos de máxima confianza han terminado vinculadas a investigaciones por presunta corrupción.
