Durante la presentación del balance anual en la sede de la DGT en Madrid, Grande-Marlaska destacó que a lo largo del año hubo 38 jornadas sin ninguna muerte en carretera, un dato que consideró significativo del impacto de las políticas de seguridad vial. También recordó que la mayor parte de los siniestros mortales —tres de cada cuatro— se produjeron en vías convencionales, mientras que 298 fallecimientos tuvieron lugar en autopistas y autovías. Las salidas de vía continuaron siendo el tipo de accidente más letal, concentrando el 43% de las muertes.
El ministro puso el foco en los llamados "usuarios vulnerables", especialmente peatones atropellados. En 2025 fallecieron 103 personas que caminaban por vías interurbanas, muchas de ellas tras bajarse del vehículo por una avería para colocar los triángulos de emergencia. Por este motivo, defendió la implantación de la baliza V16 conectada, que sustituye a esos triángulos tradicionales, aunque recalcó que por ahora no se sancionará a quienes no la porten. Aseguró que su geolocalización es esencial para evitar atropellos y rechazó las críticas por privacidad: "No se recogen datos personales; solo la posición del vehículo".
Pese al aumento de desplazamientos de largo recorrido —un 3,39% más, hasta rozar los 479 millones— la tasa de víctimas por millón de trayectos bajó a 2,1, la cifra más baja de la serie histórica. Sin embargo, sí hubo un repunte en la siniestralidad de motoristas, con 304 fallecidos, cinco más que en 2024. El ministro insistió en la necesidad de reforzar campañas y medidas específicas para este colectivo.
Grande-Marlaska también mencionó la futura "conducción acompañada", un sistema que permitirá a los jóvenes adquirir experiencia con supervisión antes de obtener el permiso completo. La medida está pendiente de desarrollo reglamentario dentro de la reforma del modelo de acceso al carnet de conducir.
En materia de control y vigilancia, el director general de Tráfico, Pere Navarro, avanzó que la DGT incorporará "radares con ruedas", dispositivos móviles destinados a reforzar la seguridad en zonas de obras. También se refirió al debate sobre el uso del casco en bicicletas de alquiler, una competencia municipal sobre la que, dijo, no han recibido petición formal de regulación por parte de la FEMP.
Para cerrar su comparecencia, Grande-Marlaska pidió a los grupos parlamentarios que aprueben sin más retrasos la ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir, advirtiendo de que cada demora tiene consecuencias directas en la seguridad vial.
