La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una red criminal dedicada al envío ilegal de residuos peligrosos, con un total de 32 personas investigadas y cuatro sociedades implicadas.
La organización trasladaba hasta 650 toneladas de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hacia distintos países africanos, utilizando contenedores marítimos y ocultando la verdadera naturaleza de la mercancía mediante documentación falsa.
Las investigaciones se desarrollaron a partir de las sospechas detectadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Caldera de Taburiente, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera, que observaron un flujo constante de envíos irregulares.
Residuos sin tratamiento y alto riesgo
Entre los materiales exportados se encontraban residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente motores y compresores extraídos de frigoríficos sin el correspondiente proceso de descontaminación. Esta práctica puede liberar gases contaminantes a la atmósfera, con riesgos para la salud y el medio ambiente.
También se enviaban piezas de automóviles, 38 toneladas de extintores y vehículos usados —turismos, camionetas y camiones— con documentación manipulada para simular su exportación legal como mercancía de segunda mano.
En total, la red habría movido cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y otras 86 toneladas de residuos no peligrosos, con un valor estimado de 800.000 euros.
Una red organizada y con facturación falsa
El entramado estaba liderado por cinco personas con funciones diferenciadas. Dos de ellas, ubicadas en Gran Canaria, gestionaban la logística y la documentación, mientras que otras tres, en Tenerife, se encargaban del envío directo de los residuos.
Para evitar controles, la organización utilizaba empresas interpuestas que emitían facturas a nombre de terceros, en ocasiones sin conocimiento de los propios titulares, simulando que la mercancía había sido correctamente tratada.
Delito ambiental y marco internacional
El traslado ilegal de residuos está tipificado como delito en el Código Penal desde 2015, con penas que incluyen prisión, multas e inhabilitación profesional.
Además, este tipo de tráfico ilícito es objeto de preocupación internacional y está regulado por el Convenio de Basilea, que establece la necesidad de controlar estrictamente los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y reducirlos al mínimo.
