La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado este miércoles a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno impulse cambios legislativos para prohibir las protestas ante los centros residenciales de menores. El objetivo, según la entidad, es defender los derechos de la infancia, su dignidad humana y su integridad física y psicológica, ante el acoso y la criminalización que sufren algunos de estos menores en los últimos meses.
En un encuentro celebrado en la sede ministerial, el presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, acompañado por el directivo Julio López de la Sen, propuso al Ejecutivo la posibilidad de introducir modificaciones en la Ley de Seguridad Ciudadana o en el Código Penal que castiguen a quienes convoquen o participen en actos de hostigamiento contra los residentes. El modelo sería similar al aprobado en 2022 para frenar el acoso a las mujeres en clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, validado posteriormente por el Tribunal Constitucional.
“Ya está bien de que determinados grupos racistas, xenófobos y antidemocráticos continúen acosando y criminalizando a niños y niñas de estos centros, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestro deber es protegerles y defender su futuro”, señaló Nacarino al término de la reunión.
Un marco jurídico pendiente
La propuesta de la federación se apoya en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece que la protección de los menores es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida tanto en la Constitución Española (artículo 39) como en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990.
La FRAVM considera que la actual normativa resulta insuficiente para frenar la oleada de manifestaciones y concentraciones frente a centros de acogida, promovidas principalmente por colectivos de extrema derecha, que alimentan la criminalización de los menores, en muchos casos extranjeros no acompañados.
Contexto reciente
La reunión entre la federación y la ministra se ha producido un día después de que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera a Vox manifestarse frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, donde finalmente solo se permitieron declaraciones a más de cien metros del recinto. Una medida similar se adoptó el pasado mes de mayo para impedir una marcha convocada por el colectivo neonazi Núcleo Nacional en el mismo lugar.
La FRAVM, además, ha mostrado su solidaridad con la joven víctima de una agresión sexual en Hortaleza —presuntamente cometida por un usuario del centro— y ha pedido que recaiga sobre el responsable “todo el peso de la ley”. Asimismo, ha condenado con firmeza el ataque sufrido el domingo por varios menores residentes, agredidos por un grupo de encapuchados, y exige que los culpables sean detenidos y juzgados cuanto antes.
Por su parte, la ministra Sira Rego denunció la “criminalización de las personas migrantes” y garantizó que el Gobierno trabajará para proteger a los menores más vulnerables frente al racismo y la xenofobia.
“El Estado democrático tiene el deber de protegerlos y de protegerse a sí mismo ante la actual oleada reaccionaria que quiere poner en peligro pilares fundamentales de nuestra sociedad”, concluyó la FRAVM en su declaración pública.
