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La Abogacía Española y la Cámara de Comercio anuncian la formación de 1.800 profesionales en el control del riesgo penal empresarial

El sector legal y el tejido empresarial unen fuerzas para garantizar la seguridad jurídica de las compañías. El Consejo de la Abogacía y la Cámara de España han inaugurado un ciclo formativo de alto nivel sobre compliance penal que ya cuenta con más de 1.800 profesionales inscritos.

 

José María Ayala, secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, socio director en Ayala de la Torre Abogados; Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo; Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo; Alfonso Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España e Ignacio Gally, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante. - Foto del Consejo General de la Abogacía Española
photo_camera José María Ayala, secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, socio director en Ayala de la Torre Abogados; Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo; Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española; Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo; Alfonso Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España e Ignacio Gally, decano del Colegio de la Abogacía de Alicante. - Foto del Consejo General de la Abogacía Española

Una respuesta conjunta y transversal de la comunidad jurídica y mercantil ante las crecientes exigencias regulatorias en el tejido corporativo. El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha de forma oficial el ciclo formativo titulado 'Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España'. La iniciativa académica nace con una premisa operativa clara: el "compliance" ha dejado de ser un mero elemento accesorio en el organigrama empresarial para convertirse en un factor estructural que impacta de manera directa en la competitividad, la confianza de los mercados y, de forma muy señalada, en la propia práctica de los tribunales.

Durante el acto de apertura institucional, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado el papel esencial que desempeñan los profesionales del derecho en la prevención y la gestión del riesgo penal dentro de las compañías. "Los abogados y abogadas somos elementos vertebradores entre la función preventiva del compliance y la función reactiva de la defensa penal", ha subrayado González, haciendo hincapié en la trascendencia de la formación continua para adaptarse a los nuevos marcos normativos.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha expuesto que el cumplimiento, el buen gobierno y la ética ya no representan simples obligaciones de carácter legal, sino que constituyen "pilares de la creación de valor sostenible a largo plazo, de la reputación corporativa y de la confianza del mercado". En este sentido, ha destacado la labor del Observatorio de Cumplimiento, órgano creado por el Grupo de Trabajo de Compliance de la Cámara de España, a la hora de impulsar estas acciones para reforzar la cultura de integridad en el entorno de los negocios.

Ocho sesiones formativas en formato híbrido con un cartel de juristas de élite

El programa de especialización, que ha comenzado con el registro de más de 1.800 profesionales matriculados, se desarrollará a lo largo de un calendario compuesto por ocho sesiones técnicas repartidas entre los meses de mayo y julio. Los encuentros se celebrarán bajo una modalidad de formato híbrido, combinando la asistencia presencial con la retransmisión vía streaming desde la sede central del Consejo General de la Abogacía en Madrid. La clausura del ciclo y la correspondiente presentación de conclusiones sectoriales tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la sede de la Cámara de Comercio de España.

Tras los discursos inaugurales presenciados por el decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally, la primera jornada lectiva ha corrido a cargo de un panel de especialistas del máximo nivel judicial. Las ponencias iniciales han sido impartidas por Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo; Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo; y José María Ayala, socio director de Ayala de la Torre Abogados y secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España.

Participación activa de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional

A lo largo de los tres meses de duración del ciclo, las mesas de trabajo abordarán cuestiones críticas como la evolución técnica del régimen de responsabilidad penal corporativa, los criterios de valoración real que aplican los jueces al examinar los programas de cumplimiento en los procesos de instrucción y el rol estratégico del letrado en el blindaje de la empresa.

Para desgranar estas temáticas, las siguientes sesiones contarán con las intervenciones de figuras destacadas de la magistratura y la fiscalía en España, entre los que se encuentran Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción; Carlos Aguilar, socio del departamento Procesal de la firma CMS Albiñana & Suárez de Lezo; Enrique Arnaldo y Juan Carlos Campo, magistrados del Tribunal Constitucional; y Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.

La moderación y conducción técnica de cada una de las jornadas formativas estará liderada de forma coordinada por diferentes consejeros de la Abogacía Española, contando para ello con la implicación directa de los decanos territoriales Cristina Vallejo (Barcelona), Ignacio Gally (Alicante), Emilio Vega (Guadalajara), Albert Sierra (Girona), Federico Bravo (La Rioja) y Miguel Hermosa (Palencia).