¿Por qué uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú necesitaba contratar a un expresidente del Gobierno de España para resolver sus problemas en Bolivia?
La pregunta permite recorrer una historia que conecta a Grupo Gloria, uno de los grandes grupos industriales latinoamericanos, con José Luis Rodríguez Zapatero; una expropiación que se remonta a 2010; un litigio de más de 100 millones de dólares; un contrato de asesoría de 200.000 euros firmado formalmente con una sociedad peruana distinta del conglomerado; reuniones con las máximas autoridades del Gobierno de Luis Arce y una investigación que ha terminado cruzando el Atlántico.
El asunto vuelve ahora a la actualidad española. El PP ha llevado Bolivia al Congreso y reclama al Gobierno información sobre sus contactos con las anteriores autoridades del país, incluido Luis Arce, precisamente el presidente con el que Zapatero se reunió durante las gestiones que posteriormente quedaron bajo el foco de la UDEF.
Pero para comprender qué se investiga hay que empezar mucho antes. Y hay que empezar por Grupo Gloria.
Grupo Gloria, mucho más que leche
Gloria es una de las marcas empresariales más reconocibles de Perú, pero detrás de ella existe una estructura corporativa mucho mayor. El grupo controlado por la familia Rodríguez Rodríguez ha desarrollado durante décadas negocios que abarcan alimentación, lácteos, cemento, agroindustria, azúcar, alcohol, papel, cartón, agricultura y transporte, con presencia en diferentes países de América Latina.
El origen de Gloria se remonta a 1941, cuando General Milk Company constituyó Leche Gloria en Arequipa. La producción comenzó al año siguiente.
El gran cambio empresarial se produjo décadas después, cuando los hermanos Vito y Jorge Rodríguez adquirieron el control de la compañía y comenzaron una estrategia de diversificación y expansión que transformaría la empresa láctea en un conglomerado regional.
Perú continúa siendo su principal centro de operaciones, pero las fronteras del grupo hace tiempo que dejaron de coincidir con las del país. Chile constituye uno de los mejores ejemplos.
Soprole: el gran salto de Gloria en Chile
En 2023, Gloria Foods tomó el control de Soprole, una de las grandes compañías de la industria láctea chilena.
La operación supuso un cambio histórico para una empresa fundada en 1949 y que durante décadas había estado vinculada al gigante cooperativo neozelandés Fonterra. Con Soprole, el grupo peruano incorporó una potente plataforma industrial y comercial en uno de los mercados alimentarios más desarrollados de Sudamérica.
Leche, yogures, quesos, mantequilla, postres y otros productos forman parte de una estructura que ha convertido a Soprole en una de las compañías de referencia del sector chileno. Pero Gloria no se detuvo en Chile.
Argentina, la siguiente gran operación
El siguiente movimiento llegó en febrero de 2026. Gloria Foods acordó una operación con la multinacional canadiense Saputo destinada a hacerse con el 80% de Molfino Hermanos en Argentina, además del negocio de representación comercial de productos lácteos en Brasil.
La documentación comunicada oficialmente al mercado peruano cifra la contraprestación estimada en 500 millones de dólares. Molfino constituye un activo especialmente relevante dentro del mercado argentino y opera marcas históricas como La Paulina, Ricrem y Molfino.
La operación, sujeta a las correspondientes condiciones y autorizaciones regulatorias, muestra la escala que ha alcanzado la estrategia regional del grupo. Perú, Chile, Argentina, Brasil, y también Bolivia. Precisamente allí comienza la historia que acabaría conectando al conglomerado peruano con José Luis Rodríguez Zapatero.
Bolivia: el origen del problema
Grupo Gloria tiene importantes intereses industriales en Bolivia a través de Soboce, Sociedad Boliviana de Cemento. Una parte fundamental del conflicto se encuentra en otra cementera: Fancesa, Fábrica Nacional de Cemento. Soboce había adquirido una participación del 33,34% de Fancesa.
En septiembre de 2010, durante el Gobierno de Evo Morales, aquella participación fue revertida a favor del Gobierno departamental de Chuquisaca. Comenzó entonces una disputa por la compensación económica. Grupo Gloria sostiene que la indemnización correspondiente a aquella participación sigue pendiente de pago.
Y este punto resulta fundamental porque constituye la explicación que ofrece el propio conglomerado para justificar por qué decidió recurrir, catorce años después, a los servicios de un expresidente español.
Otro problema de más de 100 millones de dólares
La expropiación no era el único conflicto. Soboce y Fancesa mantenían además desde hacía años un importante litigio por competencia desleal. El procedimiento terminó colocando sobre Soboce una obligación de aproximadamente 744 millones de bolivianos, alrededor de 107 millones de dólares.
El asunto recorrió diferentes instancias de la Justicia boliviana y en febrero de 2025 el Tribunal Supremo ratificó una resolución desfavorable para Soboce. La compañía recurrió entonces mediante un amparo constitucional.
Esto significa que, cuando Zapatero comenzó sus gestiones, alrededor de Grupo Gloria coexistían al menos dos grandes asuntos en Bolivia. Por un lado, la compañía reclamaba al Estado una indemnización derivada de la participación de Soboce en Fancesa. Por otro, Soboce afrontaba un procedimiento judicial que podía obligarla a desembolsar una cantidad superior a los 100 millones de dólares.
Es en este escenario donde aparece el expresidente del Gobierno español.
¿Cómo llega Grupo Gloria hasta Zapatero?
La reconstrucción realizada por la UDEF sitúa el comienzo de los contactos en mayo de 2024, con un nombre que resulta especialmente relevante: Carmen Almendras Camargo. Almendras había sido embajadora de Bolivia en España y posteriormente desarrolló actividades de asesoramiento.
Según la documentación analizada por los investigadores, el 8 de mayo de 2024 se reunió con Zapatero en la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid. Al día siguiente, Gertrudis Alcázar, secretaria y colaboradora de confianza del expresidente, remitió un borrador de contrato de asesoría.
Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El 10 de mayo se produjo otra reunión en Madrid. Y pocos días después aparece directamente una alta responsable del conglomerado peruano.
Ana María Ospina y la entrada directa de Grupo Gloria
Se trata de Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Grupo Gloria. El informe policial atribuye a Ospina una participación especialmente relevante en la preparación de la relación contractual.
El 13 de mayo remitió a la secretaria de Zapatero la versión definitiva del contrato de asesoría, se desplazó personalmente a la oficina del expresidente y proporcionó además el contacto de Claudio Rodríguez Huaco, presidente ejecutivo de Grupo Gloria, con una indicación significativa: era el contacto «para el presidente».
La conexión entre Zapatero y la dirección del conglomerado peruano quedaba así establecida. Pero existe una particularidad fundamental.
Gloria no figuraba en el contrato
Formalmente, José Luis Rodríguez Zapatero no firmó el contrato con Grupo Gloria. La empresa que aparecía como cliente era Focus Social Research SAC, una sociedad peruana. El contrato contemplaba unos honorarios de 200.000 euros, además de gastos y unas dietas de 10.000 euros diarios cuando fueran necesarios desplazamientos.
Los 200.000 euros terminaron abonándose mediante tres transferencias. La primera, de 100.000 euros, se produjo el 2 de julio de 2024. Las otras dos, de 50.000 euros cada una, llegaron el 20 y el 24 de junio de 2025.
Es precisamente esta estructura contractual uno de los elementos que despiertan las sospechas de la UDEF.
Los investigadores consideran que Focus Social Research habría actuado como una sociedad interpuesta y sostienen que los servicios formalmente recogidos en el contrato no guardarían relación con las actividades que posteriormente desarrolló Zapatero.
Grupo Gloria, por su parte, ha reconocido públicamente la contratación y el pago de los 200.000 euros, aunque ofrece una explicación completamente diferente sobre su finalidad.
La documentación que recibió Zapatero
La secuencia posterior constituye uno de los elementos más significativos de la investigación. El 27 de mayo de 2024, Carmen Almendras remitió a Gertrudis Alcázar documentación relacionada con la denominada consultoría. Según el informe de la UDEF, aquellos documentos no se referían a Focus Social Research. Se referían a los problemas de Grupo Gloria en Bolivia. Entre la documentación figuraban procedimientos judiciales que afectaban al conglomerado y, concretamente, la situación de Soboce.
Un día después, el 28 de mayo, tuvo lugar una videoconferencia. Participaron José Luis Rodríguez Zapatero; Carmen Almendras; Ana María Ospina; Luis Díaz Olivero, vicepresidente de Grupo Gloria, y Francisco Shwortshik, CEO de Soboce. Para los investigadores, esta secuencia constituye un elemento importante. La empresa que aparecía formalmente contratando los servicios era Focus Social Research.
Pero quienes posteriormente proporcionaban información, participaban en las reuniones y se beneficiaban potencialmente de las gestiones eran responsables de Grupo Gloria y Soboce.
¿Por qué querían precisamente a Zapatero?
La respuesta que ofrece Grupo Gloria es directa. El conglomerado reconoce que buscó la asesoría e intermediación del expresidente español para conseguir interlocución con las autoridades bolivianas. El objetivo declarado por la compañía era desbloquear el problema de la indemnización pendiente desde la expropiación de su participación en Fancesa.
Después de años sin conseguir una solución, Gloria recurrió a una personalidad internacional con capacidad para abrir puertas en las más altas instancias del poder político boliviano. Y Zapatero tenía esa capacidad como los acontecimientos posteriores lo demostrarían.
De Ferraz al Palacio de Gobierno de Bolivia
Durante los meses siguientes comenzaron las gestiones para conseguir reuniones con las autoridades bolivianas.
La UDEF reconstruye mensajes, conversaciones y agendas relacionados con esos contactos. En septiembre de 2024, Zapatero viajó a Bolivia. Durante aquella visita consiguió acceder al máximo nivel del Estado. El expresidente español se reunió con el entonces presidente Luis Arce.
También aparecen en las pesquisas contactos con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el ministro de Justicia, César Siles, y posteriormente con el procurador general del Estado, Ricardo Condori.
La dimensión institucional de aquellas gestiones es uno de los aspectos centrales del caso. Un conglomerado privado peruano con importantes intereses económicos en Bolivia había contratado los servicios de un expresidente del Gobierno español. Y aquel expresidente consiguió interlocución directa con el presidente boliviano y otros altos responsables del Estado.
La pregunta que ahora tratan de resolver los investigadores es para qué se utilizó exactamente ese acceso.
Dos versiones sobre una misma intermediación
Aquí resulta imprescindible separar los hechos de las interpretaciones. Grupo Gloria sostiene que la misión era legítima. La compañía ha reconocido el pago de los 200.000 euros y explica que recurrió a Zapatero para conseguir reuniones con las autoridades bolivianas y tratar de alcanzar una solución sobre la indemnización derivada de la participación de Soboce en Fancesa.
Según esta versión, la intervención del expresidente estaba circunscrita a una negociación institucional. Gloria niega expresamente que Zapatero fuera contratado para interferir en procedimientos judiciales. Y añade un argumento: la intermediación ni siquiera consiguió el objetivo perseguido porque la indemnización continúa pendiente.
Lo que sospecha la UDEF
Los investigadores consideran que las gestiones estuvieron orientadas a favorecer de manera más amplia los intereses de Grupo Gloria en Bolivia. Y ponen el foco sobre la coincidencia temporal entre los contactos políticos y la evolución de los problemas judiciales de Soboce.
El procedimiento por competencia desleal resulta especialmente relevante. En febrero de 2025 se había confirmado una resolución que situaba sobre Soboce una obligación de aproximadamente 107 millones de dólares. La compañía presentó posteriormente un amparo constitucional.
Durante aquellos meses continuaron las gestiones y contactos relacionados con responsables del Estado boliviano. Según los mensajes incorporados al informe policial, el propio Zapatero transmitió en mayo de 2025 la necesidad de intentar hablar nuevamente con el presidente de Bolivia. También se buscó interlocución con la Procuraduría General.
30 de mayo de 2025: una fecha bajo la lupa
El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió tutela a Soboce y dejó sin efecto la resolución que obligaba a la compañía a pagar los 744 millones de bolivianos.
La decisión no equivalía necesariamente al cierre definitivo del conflicto, que debía continuar su recorrido constitucional.
Pero la cronología llamó la atención de los investigadores. Pocas semanas después se produjeron los dos últimos pagos a Zapatero: 50.000 euros el 20 de junio y otros 50.000 euros el 24 de junio, on ellos se completaban los 200.000 euros.
La proximidad temporal entre los contactos, la resolución favorable a Soboce y los pagos constituye uno de los elementos analizados por la UDEF. Pero debe establecerse una cautela fundamental: la sucesión temporal de esos acontecimientos no demuestra por sí misma que Zapatero influyera en aquella resolución ni acredita la existencia de un delito.
Eso es precisamente lo que debe determinar la investigación.
La gran pregunta: indemnización o litigios
El núcleo del caso puede reducirse a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Para qué pagó realmente Grupo Gloria los servicios de Zapatero?
La versión empresarial sostiene que para intentar recuperar una indemnización pendiente desde 2010. La tesis policial investiga si la actuación tuvo un alcance diferente y estuvo relacionada también con los procedimientos judiciales que afectaban a Soboce.
La diferencia es sustancial. Una intermediación profesional para facilitar una negociación empresarial con un Estado puede constituir una actividad perfectamente legítima.
Otra cuestión sería que se acreditara la utilización de influencias políticas a cambio de dinero para conseguir decisiones irregulares de las autoridades. La investigación debe establecer dónde se encuentra la realidad.
Luis Arce niega cualquier tráfico de influencias
El expresidente boliviano ha rechazado las acusaciones. Luis Arce ha negado estar involucrado en ningún tráfico de influencias que favoreciera a Soboce o a otra compañía privada.
Arce sostiene que su relación con Zapatero durante su Gobierno fue institucional y política y ha vinculado sus conversaciones con el expresidente español a la mediación en la crisis interna que atravesaba el Movimiento al Socialismo ante las elecciones de 2025.
Su versión introduce otra interpretación sobre las reuniones mantenidas entre ambos. Determinar qué asuntos concretos se trataron en cada encuentro forma parte de las cuestiones relevantes para esclarecer el caso.
La Audiencia Nacional avala que se investiguen los 200.000 euros
La investigación española dio un paso especialmente importante en julio. La defensa de Zapatero había pedido que la operación de Grupo Gloria quedara fuera de las pesquisas. Argumentaba que aquella relación profesional no se encontraba dentro del perímetro original de la investigación y cuestionaba que la Policía pudiera ampliar de esta manera sus actuaciones.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó esa pretensión. El magistrado consideró que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research no procedía de una investigación indiscriminada sobre la vida del expresidente, sino del análisis de fuentes de prueba obtenidas legítimamente dentro de unas diligencias judiciales ya abiertas.
La decisión es importante. No significa que el juez haya declarado probado el relato de la UDEF ni que haya determinado la existencia de delito. Significa que considera legítimo y pertinente investigar esta operación. Y, por tanto, los 200.000 euros y las gestiones bolivianas permanecen dentro de la investigación judicial.
Bolivia abre su propia investigación
El caso ha atravesado entretanto el Atlántico en sentido contrario. La revelación de las pesquisas españolas provocó una fuerte reacción política en Bolivia.
La Cámara de Senadores aprobó en julio de 2026 la creación de una Comisión Especial de Investigación sobre las presuntas gestiones de influencia realizadas por Zapatero y otros actores nacionales o extranjeros en relación con Grupo Gloria.
La comisión, integrada por seis senadores de diferentes fuerzas políticas, dispone de tres meses para elaborar su informe.
Entre las cuestiones que pretende analizar figura la eventual incidencia de esas gestiones sobre decisiones relacionadas con Soboce y Fancesa.
El escenario político boliviano es ahora radicalmente diferente del existente cuando se produjeron los hechos.
De Luis Arce a Rodrigo Paz
Las gestiones investigadas tuvieron lugar durante el Gobierno de Luis Arce. Pero Bolivia cambió políticamente en 2025.
Después de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo —con el paréntesis del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez—, las elecciones llevaron a Rodrigo Paz Pereira a la Presidencia. El MAS perdió el poder.
El nuevo escenario institucional ha coincidido con la apertura de investigaciones sobre actuaciones realizadas durante la etapa anterior.
No existe base suficiente para afirmar que la investigación sobre Zapatero se haya abierto como consecuencia directa del cambio de Gobierno. Sí puede afirmarse algo más preciso: las gestiones realizadas durante el Ejecutivo de Luis Arce están siendo investigadas ahora en una Bolivia políticamente muy distinta de aquella en la que tuvieron lugar.
El asunto llega al Congreso español
La conexión boliviana ha vuelto ahora a la política española. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley sobre la situación política de Bolivia y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que informe sobre los contactos mantenidos desde las elecciones de 2025 con el Ejecutivo boliviano, representantes del MAS y los expresidentes Evo Morales y Luis Arce.
La iniciativa adquiere una significación añadida porque Arce es precisamente una de las autoridades con las que Zapatero mantuvo contactos durante las gestiones que investiga la UDEF.
La investigación judicial y el debate político discurren por vías distintas. Pero el caso ha dejado de ser exclusivamente una cuestión empresarial peruano-boliviana. Tiene ya una dimensión española.
200.000 euros frente a intereses económicos mucho mayores
La cifra que ha situado el caso en los titulares son los 200.000 euros. Pero probablemente no sea la cifra que mejor permite comprender su verdadera dimensión. Detrás había intereses económicos considerablemente superiores.
Soboce mantenía una reclamación contra Bolivia por una expropiación pendiente de compensación desde 2010. Simultáneamente afrontaba un litigio que llegó a situar sobre la compañía una obligación próxima a 107 millones de dólares.
Y detrás de Soboce se encuentra un conglomerado con capacidad para ejecutar operaciones corporativas de cientos de millones. La proyectada adquisición del 80% de Molfino en Argentina está valorada en aproximadamente 500 millones de dólares. Soprole convirtió a Gloria en uno de los grandes actores del sector lácteo chileno. Y las actividades del grupo se extienden por diferentes industrias y países latinoamericanos.
Los 200.000 euros adquieren otra dimensión cuando se observa el tamaño de los intereses empresariales que rodeaban aquellas gestiones.
Focus Social Research, una de las claves pendientes
Otra de las incógnitas fundamentales de la investigación es por qué la contratación no se realizó directamente con Grupo Gloria.
El informe de la UDEF subraya que Ana María Ospina, responsable de Grupo Gloria, participó activamente en la preparación del contrato, pese a que formalmente la empresa contratante era Focus Social Research.
Posteriormente, la documentación remitida, las reuniones mantenidas y las gestiones realizadas estuvieron relacionadas con Grupo Gloria y sus problemas en Bolivia.
La Policía considera que Focus habría funcionado como sociedad interpuesta.
Determinar si existió una razón empresarial legítima para esta estructura o si, como sospechan los investigadores, se utilizó para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos constituye otro de los puntos que deberán esclarecerse.
Una historia todavía abierta
A día de hoy no existe una sentencia que establezca que José Luis Rodríguez Zapatero cometiera un delito por estas gestiones. Tampoco existe una resolución judicial que determine que Grupo Gloria comprara una decisión política o judicial en Bolivia.
Lo que sí existe es una serie de hechos acreditados y reconocidos. Grupo Gloria necesitaba interlocución con Bolivia. Recurrió a Zapatero. El expresidente recibió 200.000 euros. La contratación se articuló formalmente a través de Focus Social Research. Responsables de Grupo Gloria participaron en la preparación de la relación contractual y en reuniones posteriores. Zapatero realizó gestiones. Llegó hasta el presidente Luis Arce y otros altos responsables del Estado boliviano. Y durante el periodo en el que se desarrollaron aquellas actuaciones, Soboce mantenía importantes conflictos económicos y judiciales en Bolivia.
A partir de ahí comienzan las interpretaciones enfrentadas. Gloria afirma que únicamente buscaba recuperar una indemnización pendiente. La UDEF sospecha que las gestiones tuvieron un alcance mayor. Luis Arce niega haber participado en tráfico de influencias. Zapatero defiende la legitimidad de su actividad profesional. La Audiencia Nacional considera que existen elementos suficientes para que los pagos sean investigados. Y el Senado boliviano ha abierto su propia investigación sobre lo ocurrido.
Del poder empresarial al acceso político
El caso Grupo Gloria permite observar algo que trasciende incluso la investigación sobre Zapatero. Expone la relación entre poder económico, capacidad de intermediación y acceso político internacional.
Uno de los mayores grupos empresariales de Perú tenía un problema enquistado en Bolivia. Buscó a alguien capaz de abrir las puertas que durante años habían permanecido cerradas. Ese alguien fue un expresidente del Gobierno de España. Y las puertas se abrieron hasta el máximo nivel.
Ahora corresponde a los investigadores determinar qué ocurrió después de cruzarlas.
