Mejora salarial para el turno de oficio tras años de reclamaciones del sector
La medida, que será aprobada hoy en el Consejo de Ministros, responde a las demandas del colectivo profesional y a acuerdos previos alcanzados con los representantes de la abogacía.
El impulso de la tramitación del real decreto se produce tras conversaciones entre el ministro de Justicia y responsables del Consejo General de la Abogacía Española. En estas reuniones, los representantes de los abogados destacaron la importancia de adaptar el régimen de compensaciones a la actualidad profesional y garantizar que las retribuciones cubran de manera adecuada la complejidad de los casos que atienden. A partir de este diálogo, ambas partes acordaron la necesidad de actuar con carácter urgente para corregir desigualdades y mejorar las condiciones de los profesionales.
¿Qué supone este real decreto?
El texto en preparación introduce varios cambios relevantes respecto a la regulación actual. Entre ellos se establece una revalorización de los pagos por las actuaciones profesionales, de modo que las retribuciones queden más alineadas con la labor real que desempeñan los letrados al representar a personas sin recursos. Además de actualizar los importes básicos, el decreto contempla un incremento en la remuneración cuando los abogados logran acuerdos entre las partes, lo que pretende fomentar soluciones pactadas y reconocer el trabajo en procedimientos no litigiosos.
La actualización también contempla un refuerzo de los pagos en procedimientos complejos o de especial dificultad, así como mejoras en los importes de actuaciones habituales dentro del turno de oficio, incluidas las correspondientes a procesos penales. La intención del Ministerio de Justicia es que estos ajustes se traduzcan en un reconocimiento más justo del esfuerzo profesional y en una mayor estabilidad económica para quienes prestan este servicio público esencial.
Además de la retribución, la reforma busca incorporar situaciones de especial protección para colectivos vulnerables en el acceso a la asistencia jurídica gratuita, ampliando la cobertura a grupos como víctimas de tratamientos delictivos graves, personas con discapacidad que requieren atención específica o quienes han sufrido violencia sexual. Esta ampliación se suma a otras figuras ya protegidas, con el objetivo de asegurar que más personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a defensa legal sin coste.
Con la tramitación urgente aprobada, el Gobierno pretende que el real decreto pueda ser debatido y aprobado de forma más ágil en las Cortes, reduciendo plazos frente a procedimientos ordinarios. El resultado será una normativa actualizada que afectará a miles de profesionales y usuarios del sistema de justicia gratuita, con la esperanza de una mejor calidad en la prestación del servicio y una mayor satisfacción profesional entre los abogados que forman parte del turno de oficio.
