Sin embargo, los expertos advierten: la saturación de las redes eléctricas y la falta de instaladores cualificados podrían frenar este crecimiento si no se acelera la inversión en infraestructuras.
Rafael Barbadillo, presidente de la Comisión de Sostenibilidad de CEIM, ha inaugurado el encuentro destacando que Madrid debe seguir atrayendo un turismo de alta calidad que valore el compromiso medioambiental. Por su parte, Eduardo Montejo, delegado de Iberdrola en Madrid, ha instado a hoteles y casas rurales a "aislarse del impacto de las crisis de suministros fósiles" mediante la electrificación, mencionando herramientas financieras clave como los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), que permiten costear gran parte de la transformación.
Durante la jornada se han expuesto casos de éxito disruptivos. El NH Chamberí se ha consolidado como referente al ser uno de los primeros hoteles 100% electrificados de España, logrando reducir sus fuentes de energía en un 50%. Por otro lado, el Hotel Orfila, un inmueble protegido de finales del siglo XIX, ha demostrado que la tecnología es viable incluso en patrimonio histórico, logrando reducir su factura energética en un contexto de alta ocupación gracias a los fondos Next Generation y la figura de los CAE.
Retos: Redes eléctricas y formación técnica
A pesar de los avances, la mesa redonda moderada por Ana Forés (Iberdrola) ha puesto el foco en los cuellos de botella. Marta Castro, directora de regulación de AELEC, ha advertido que el principal reto no es tecnológico, sino de infraestructura: "La capacidad de las redes eléctricas debe planificarse con antelación para no frenar al sector turístico". España tiene la oportunidad de liderar la autonomía energética, pero requiere una inversión decidida en la red de distribución.
Asimismo, desde asociaciones como Agremia y el sector del turismo rural, se ha reclamado una formación continua para los instaladores y una simplificación de los procedimientos administrativos. Aunque las tramitaciones con patrimonio en Madrid han mejorado significativamente, reduciéndose de ocho meses a dos, los agentes coinciden en que la colaboración público-privada es vital para que las ayudas lleguen al bolsillo del empresario y las instalaciones entren en funcionamiento sin dilaciones.
