Esta medida, largamente reclamada, busca dar una respuesta definitiva tanto al personal laboral como, especialmente, al personal funcionario y estatutario, cuya regulación en esta materia seguía pendiente de desarrollo normativo.
La urgencia de este acuerdo nace de la necesidad de adaptar la realidad del sector público a las recientes reformas en la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Según han subrayado los sindicatos en un comunicado conjunto, han trabajado "denodadamente" para que la administración reconozca la singularidad del empleo público y ofrezca una salida digna y flexible a los profesionales que se encuentran al final de su carrera administrativa.
Hacia un modelo de relevo generacional
Uno de los puntos clave de la negociación es la vinculación de la jubilación parcial con la Oferta de Empleo Público (OEP). Los sindicatos exigen que la salida de un trabajador veterano se traduzca de forma inmediata en la cobertura de esa plaza, garantizando así la continuidad del servicio y la creación de empleo neto.
Para lograr un sistema robusto, CCOO y UGT han planteado las siguientes prioridades estratégicas dentro del nuevo marco regulador: la implementación de la jubilación parcial debe servir como una herramienta para acotar la interinidad en la administración. El objetivo es que este periodo de transición no se cubra con contratos precarios, sino que sirva para mejorar la calidad del empleo y estabilizar las plantillas.
Los sindicatos instan al Gobierno a que el nuevo decreto contemple específicamente las tareas y responsabilidades del personal funcionario y estatutario, permitiendo que la reducción de jornada sea compatible con las necesidades organizativas de los servicios públicos, como la sanidad o la educación.
Vías de modernización administrativa
Este acuerdo no solo responde a una demanda histórica de justicia social, sino que se plantea como una vía de modernización de la Función Pública. La medida ofrece múltiples beneficios estructurales: la asistencia técnica en la transmisión de conocimientos entre el jubilado parcial y el nuevo contratado (contrato de relevo); la transparencia en la gestión de las vacantes de la OEP; y un propósito social claro: permitir una retirada progresiva que mejore el bienestar del trabajador y la eficiencia del sistema.
"Es el momento de cumplir con el personal que sostiene el Estado", señalan fuentes sindicales, confiando en que el texto definitivo se firme en las próximas semanas para que entre en vigor de forma inmediata durante este ejercicio 2026.
