El último informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria ha encendido las alarmas: por primera vez desde la pandemia, los ingresos fiscales del Estado se reducen en junio respecto al año anterior, cayendo un 2,6 % interanual. Detrás del dato se esconden múltiples causas, pero una lectura profunda arroja una conclusión preocupante: el enfriamiento del consumo, la presión fiscal acumulada sobre familias y empresas, y un tejido económico más débil de lo que las cifras oficiales sugieren.
IRPF: la factura del exceso de retenciones
El desplome más acusado se produjo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con un retroceso cercano al 10 %. No se trata de una caída del empleo o de los salarios, sino de un efecto contable: a lo largo de 2024, Hacienda aplicó retenciones excesivas en las nóminas, ignorando parcialmente deducciones o bonificaciones. El resultado ha sido un aluvión de devoluciones en la campaña de Renta, que ha afectado severamente a la recaudación neta.
Según datos oficiales, las devoluciones del IRPF aumentaron un 15,6%, y suman ya más de 9.000 millones de euros en lo que va de año. Un desfase que, aunque técnicamente puntual, ha dejado en evidencia errores de previsión fiscal que afectan directamente a millones de contribuyentes.
Sociedades y el “impuesto a la banca”: maquillaje sin efecto real
Otro punto crítico ha sido el Impuesto de Sociedades, que tradicionalmente representa uno de los picos de recaudación en junio. Este año, sin embargo, los ingresos han sido incluso negativos, debido a devoluciones masivas vinculadas a ajustes contables, sentencias judiciales y créditos fiscales acumulados.
El Gobierno ha tratado de compensar este agujero con el nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones, conocido como “impuesto a la banca”, que ha dejado 566 millones en caja este mes. Pero más allá del titular, el efecto real es limitado: en la práctica, gran parte del coste acaba siendo trasladado al cliente, y su peso recaudatorio sigue siendo marginal en comparación con las necesidades fiscales del Estado.
IVA e impuestos especiales: el termómetro del consumo se enfría
El IVA, principal indicador del consumo interno, apenas creció un 1,3 % interanual. El dato contrasta con el discurso gubernamental sobre el "crecimiento sólido" del PIB y muestra una realidad distinta: las familias gastan menos, y lo hacen en un entorno de pérdida de poder adquisitivo, precios altos y ahorro forzado.
El comportamiento de los impuestos especiales es aún más ilustrativo. La recaudación por cerveza, en un mes de calor extremo como junio, se hundió un 15,5 %, mientras que los hidrocarburos, a pesar de precios elevados, apenas subieron un 0,2 %. En términos reales —descontada la inflación—, esto supone una caída clara del consumo.
¿Un simple bache o el inicio de la desaceleración?
Desde el Ministerio de Hacienda se ha restado importancia a estas cifras, argumentando que se deben a efectos de calendario y que el conjunto del semestre arroja un crecimiento acumulado del 10 %. Pero economistas independientes comienzan a advertir que este tipo de señales suelen anticipar puntos de inflexión en el ciclo económico.
El crecimiento de ingresos del primer semestre se sostiene, en gran parte, sobre medidas extraordinarias: nuevos tributos, ajustes normativos, ampliación de bases imponibles... No sobre una expansión real del consumo o la inversión. Y cuando el corazón del sistema —el IVA y el IRPF— empieza a fallar, no basta con nuevas figuras impositivas para sostener la arquitectura.
El Estado acelera el gasto mientras los ingresos se tambalean
La caída de la recaudación en junio, aunque puntual en apariencia, plantea dudas estructurales sobre el estado real de la economía. Ni siquiera un nuevo impuesto a la banca ni el esfuerzo fiscal sin precedentes aplicado en 2024 han evitado el frenazo.
Mientras tanto, el gasto público sigue en máximos, como si el crecimiento siguiera a doble dígito. Y el déficit estructural, lejos de corregirse, amenaza con agravarse si esta tendencia se consolida en los próximos meses.
La economía real —la del bar que vende menos cerveza, la del autónomo que paga más IRPF, la de la familia que llega justa a final de mes— ya ha comenzado a notarlo. La pregunta ahora es si el Gobierno también lo hará.
