El Gobierno ultima un paquete de medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en Irán, entre las que destaca la posible rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según fuentes cercanas al Ejecutivo. La medida formaría parte de un plan más amplio que será aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes.
La iniciativa busca contener el aumento de los precios energéticos y aliviar el bolsillo de los ciudadanos, en un contexto marcado por la inestabilidad internacional y el encarecimiento del petróleo.
Un paquete fiscal para abaratar la energía
La reducción del IVA de la gasolina se enmarca dentro de un conjunto de medidas fiscales que también incluirían:
- Rebajas en la factura eléctrica
- Mejora del bono social eléctrico
- Posible eliminación del impuesto especial a los hidrocarburos
- Supresión del impuesto eléctrico (actualmente del 5%)
- Reducción del impuesto sobre la producción de energía eléctrica
Con este enfoque, el Ejecutivo pretende actuar sobre los principales costes energéticos que afectan tanto a hogares como a empresas.
Cambio de estrategia respecto a 2022
La propuesta de rebajar el IVA contrasta con la estrategia aplicada en 2022 tras la guerra en Ucrania, cuando se optó por una bonificación directa de 20 céntimos por litro de combustible.
En esta ocasión, el Gobierno parece inclinarse por una reducción fiscal estructural, en línea con las demandas de asociaciones empresariales y del sector de las gasolineras, que habían criticado los efectos de la medida anterior.
Cuatro ejes del plan anticrisis
El plan integral que presentará el presidente Pedro Sánchez se articulará en torno a cuatro grandes bloques:
- Medidas estructurales, centradas en el impulso de energías renovables, autoconsumo y electrificación
- Reformas fiscales, para reducir el coste energético
- Apoyo a sectores afectados, como transporte, agricultura, pesca e industria intensiva
- Escudo social, con medidas de protección a los colectivos vulnerables
Entre estas últimas destaca la prohibición de cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad.
Medidas que quedan fuera
El Ejecutivo ha descartado incluir en este decreto algunas medidas sociales como la prohibición de desahucios o la prórroga de contratos de alquiler, debido a la falta de apoyos suficientes en el Congreso.
Próximos pasos: aprobación y votación en el Congreso
Tras su aprobación, el decreto ley entrará en vigor de forma inmediata, aunque deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
El debate y votación están previstos para el 26 de marzo, en un proceso que se tramitará de forma urgente para evitar retrasos en la aplicación de las medidas.
Un plan flexible ante la evolución del conflicto
Desde el Gobierno aseguran que el plan será “proporcional, focalizado y flexible”, lo que permitirá adaptar las medidas en función de la evolución del conflicto en Irán y su impacto en la economía.
Con esta batería de iniciativas, el Ejecutivo busca amortiguar el impacto energético y proteger a los sectores más vulnerables, en un contexto global marcado por la incertidumbre.
