La Agencia Tributaria ha anunciado que durante 2024 realizó 1.981.000 inspecciones fiscales, lo que ha supuesto una recaudación de 18.928 millones de euros en la denominada lucha contra el fraude. La cifra, presentada como un éxito por el Ministerio de Hacienda, ha generado sin embargo una fuerte polémica entre expertos y voces críticas que acusan al organismo de desplegar una estrategia de “cacería indiscriminada contra familias, autónomos y empresas”, mientras ignora presuntas irregularidades de personas vinculadas al poder político.
El economista José Ramón Riera lo resumió de manera contundente: “Nos tratan como si fuéramos culpables por el simple hecho de trabajar, mientras callan y miran hacia otro lado cuando se trata de investigar a David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno”. Para Riera, lo que Hacienda califica como éxito no es sino “terrorismo tributario”, un modelo basado en la intimidación y en la presión sobre ciudadanos y pequeñas empresas.
Los datos difundidos por el propio organismo señalan que, aunque existen 6.000 grandes compañías susceptibles de un mayor control, la mayoría de las actuaciones se concentraron en contribuyentes particulares y pymes. Según Riera, la magnitud de los números refleja la prioridad de “ir a por el ciudadano medio” y no contra los grandes defraudadores: “Casi dos millones de inspecciones significan que se han dedicado miles de horas a perseguir errores en pensiones, autónomos o declaraciones familiares, mientras otros permanecen intocables”.
Uno de los puntos más polémicos es la ausencia de actuaciones sobre el hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón, que según diversas informaciones habría declarado residencia en Portugal pese a trabajar y residir en España. El contraste entre este caso y la cifra oficial de inspecciones a supuestos residentes en el extranjero —427 en 2024— ha sido señalado como un ejemplo de “doble moral” por parte de Hacienda.
El propio Riera criticó el discurso triunfalista del Ministerio: “Es vergonzoso que la Agencia Tributaria se sienta orgullosa de haber hecho casi dos millones de inspecciones. ¿Cómo alguien puede estar satisfecho de tratar como sospechosos a millones de españoles?”.
Mientras el Gobierno defiende que estas actuaciones son imprescindibles para garantizar la igualdad y financiar los servicios públicos, las críticas apuntan a que la presión fiscal recae en quienes sostienen con su esfuerzo el tejido económico del país. El debate se amplifica en un contexto de creciente malestar social por la sensación de trato desigual entre la ciudadanía común y las élites políticas.
