El Gobierno de España ha remitido una petición a la Unión Europea para que active la reserva de crisis agrícola, un fondo extraordinario de la PAC diseñado para ofrecer recursos adicionales en situaciones excepcionales, con el fin de atender los daños provocados por las recientes borrascas que han azotado el campo español.
El ministro Luis Planas ha defendido que esta reserva permite disponer de financiación adicional para agricultores y ganaderos cuando las pérdidas superan las capacidades de respuesta habituales, y ha trasladado a Bruselas la necesidad de activar este mecanismo ante el impacto que las intensas lluvias y vientos han tenido en cultivos, invernaderos y explotaciones.
Las borrascas han dañado buena parte de los cultivos agrícolas
Las borrascas que han afectado amplias zonas de España han provocado daños en la producción agraria de varias comunidades, con pérdidas significativas que aún se están evaluando en el campo. En Andalucía, por ejemplo, las autoridades regionales han estimado que entre el 15% y el 20% de la producción agraria de la región podría haberse visto dañada por la serie de temporales, y han solicitado la declaración de catástrofe natural y la activación de fondos de apoyo europeos.
Planas ha señalado que el Gobierno dará el "apoyo necesario" para atender las necesidades del sector, en coordinación con las comunidades autónomas y las instituciones europeas, y ha subrayado la importancia de movilizar recursos que permitan compensar las pérdidas sufridas por agricultores y ganaderos.
España ya ha solicitado en ocasiones anteriores la activación de esta reserva ante situaciones como incendios o sequías, y ahora traslada a Bruselas la necesidad de aplicar ese mismo mecanismo para los daños por las borrascas.
Evaluación y próximos pasos
Las autoridades agrarias continúan recopilando datos sobre los daños directos en cultivos y explotaciones para aportar una valoración precisa a la Comisión Europea y facilitar la tramitación de las ayudas extraordinarias. Planas y representantes autonómicos mantendrán contactos con la UE para seguir el proceso, que dependerá de la evaluación y aprobación por parte del Ejecutivo comunitario.
