Un total de 152.149 aspirantes han sido admitidos de forma oficial para participar en los exámenes que se celebrarán este sábado 23 de mayo, a partir de las 10:00 horas (una hora antes en Canarias), de manera simultánea en todo el territorio nacional. El objetivo de este proceso selectivo, regulado bajo la Resolución de 18 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Función Pública, es la cobertura de 17.986 plazas disponibles en la Administración General del Estado (AGE).
El perfil demográfico de las personas admitidas refleja una clara mayoría femenina, ya que las mujeres representan el 65,3% del volumen total de opositores. Por tramos de edad, el colectivo más numeroso se concentra en la franja que abarca desde los 36 hasta los 45 años, acumulando el 30% de las inscripciones, seguido a escasa distancia por los opositores situados en los rangos de 26 a 35 años y de 46 a 55 años.
Distribución por cuerpos y medidas de adaptación
Las vacantes ofertadas se distribuyen entre el turno de ingreso libre y el de promoción interna para cinco categorías profesionales estratégicas de la función pública: el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, el de Gestión de Sistemas e Informática, el Cuerpo General Administrativo, el de Técnicos Auxiliares de Informática y el Cuerpo General Auxiliar.
Con el fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad, la organización ha autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y de medios técnicos orientadas a los aspirantes que acceden a través del cupo de reserva de discapacidad del 10%. Estas facilidades contemplan medidas como la ampliación de los plazos de realización de los exámenes, el uso de lupas o tipografías ampliadas, intérpretes de lengua de signos, la eliminación de barreras arquitectónicas en las aulas y el soporte de asistentes de lectura.
Un despliegue de seguridad para blindar el anonimato y evitar el fraude
La ejecución de las pruebas corre a cargo de la Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP). Este organismo cuenta con un dispositivo de 47 miembros corporativos, divididos en una presidencia, una secretaría y 45 vocales que se estructuran en cinco unidades especializadas de evaluación, encargadas de velar por el secreto estricto de los cuestionarios y el anonimato absoluto durante la corrección. Para albergar a la multitud de opositores, se han suscrito convenios con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria que permitirán la utilización operativa de más de 98 facultades y centros escolares en toda España.
Debido a la magnitud del proceso, el plan organizativo incluye un refuerzo riguroso de las medidas de seguridad perimetral, la verificación de la identidad y los sistemas de prevención del fraude. El INAP ha desplegado personal especializado e instrumental técnico orientado a supervisar los accesos de los alumnos, ordenar la permanencia en las aulas y detectar posibles dispositivos electrónicos no autorizados. Esta estrategia de control se apoya en un modelo de cooperación interadministrativa para unificar los criterios de actuación de los tribunales en las diferentes comunidades autónomas, blindando la integridad de los ejercicios de examen.
