La última estadística de recaudación por delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria ha reabierto con fuerza el debate sobre el modelo de financiación autonómica y el reparto de recursos entre comunidades. Según los datos oficiales, Madrid aportó en 2024 el 44,1 % de toda la recaudación estatal, con 132.548 millones de euros, y registró un crecimiento interanual del 10,1 %, casi 12.200 millones más que el año anterior.
Frente a ello, Cataluña contribuyó con el 18,9 % del total, 56.902 millones, y su crecimiento fue sensiblemente menor, del 6,9 %, lo que supone solo el 13,5 % del aumento global de ingresos tributarios. En términos de incremento, Madrid explicó el 44,5 % de los 27.000 millones adicionales recaudados hasta noviembre, mientras que Cataluña y la Comunidad Valenciana aportaron cada una 3.695 millones.
Estos números llegan en pleno choque político por el anuncio del Gobierno de repartir 21.000 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas. Dentro de ese paquete, el Ejecutivo ha comprometido 4.700 millones para Cataluña, 4.800 millones para Andalucía y 2.550 millones para Madrid, un reparto que ha generado duras críticas por su aparente desconexión con el esfuerzo recaudatorio de cada territorio.
Voces críticas consideran que el criterio no responde a parámetros técnicos ni a la aportación real de cada comunidad. En este contexto, el economista José Ramón Riera ha recordado que “los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas”, subrayando que la discusión no debería plantearse solo en clave territorial.
La oposición denuncia que el reparto responde a cálculos políticos vinculados a la estabilidad parlamentaria del Gobierno y a intereses electorales. Desde distintos ámbitos se advierte además de que los 21.000 millones adicionales podrían financiarse vía mayor endeudamiento o con nuevas subidas de impuestos, algo que, según los críticos, acabaría recayendo sobre el conjunto de los contribuyentes.
Los datos también alimentan el debate sobre el llamado “dumping fiscal” de Madrid y sobre propuestas de modelos asimétricos de financiación, como la reclamación catalana de una recaudación propia al estilo del concierto económico. Mientras tanto, la realidad estadística muestra una concentración creciente de la recaudación en Madrid y una brecha cada vez más visible entre lo que se aporta y lo que se reclama en el tablero político.
El Gobierno defiende que el reparto busca reforzar los servicios públicos y equilibrar recursos entre territorios, pero no ha detallado aún los criterios técnicos completos que justifican las cifras anunciadas. La discusión, lejos de cerrarse, apunta a convertirse en uno de los ejes centrales del debate económico y territorial en los próximos meses.
