El Ministerio de Hacienda habría destinado más de 800.000 euros de dinero público a la creación de perfiles falsos en redes sociales con el objetivo de investigar a determinados contribuyentes, según una información publicada por el medio Libertad Digital. La iniciativa habría sido impulsada durante la etapa de María Jesús Montero al frente del departamento, y estaría orientada a recabar información sobre el estilo de vida y los hábitos de consumo de ciudadanos previamente seleccionados.
De acuerdo con la información difundida, el contrato habría permitido a una empresa especializada crear identidades digitales completas en plataformas sociales, con fotografías, biografías y actividad simulada durante meses para lograr credibilidad y poder interactuar con otros usuarios.
Perfiles falsos para analizar el estilo de vida de contribuyentes
Según los detalles publicados, los perfiles creados no serían simples cuentas ficticias, sino identidades digitales elaboradas con el objetivo de integrarse en círculos sociales concretos y establecer contacto con personas investigadas.
El propósito sería recopilar información pública o compartida en redes sociales sobre el nivel de vida, hábitos de consumo o viajes, para posteriormente cruzar esos datos con la información fiscal disponible.
Las investigaciones, según esta versión, no se realizarían de forma masiva, sino que estarían dirigidas a contribuyentes específicos previamente seleccionados por la Agencia Tributaria.
Críticas por falta de transparencia
La información ha generado críticas en distintos ámbitos jurídicos y políticos debido a las dudas sobre el procedimiento de contratación y la legalidad de estas prácticas.
Según las denuncias difundidas, el contrato se habría adjudicado sin un concurso público ampliamente visible, lo que ha alimentado las sospechas sobre la falta de transparencia en el proceso.
Además, algunos juristas advierten de que la creación de identidades falsas para investigar a ciudadanos podría plantear problemas legales relacionados con el derecho a la intimidad, la protección de datos y la libertad de expresión.
Debate sobre el control judicial
Uno de los principales interrogantes planteados por expertos en derecho es si este tipo de actuaciones cuentan con autorización judicial previa o si se realizan únicamente en el marco de las competencias administrativas de la Agencia Tributaria.
La legislación española permite a la Agencia Tributaria realizar investigaciones para detectar fraude fiscal, pero algunos especialistas consideran que ciertas técnicas de investigación podrían requerir supervisión judicial cuando afectan a derechos fundamentales.
Críticas desde el ámbito económico
El economista José Ramón Riera ha sido uno de los analistas que ha cuestionado este tipo de iniciativas. En su opinión, el uso de recursos públicos para este tipo de investigaciones genera preocupación sobre el alcance de la actuación administrativa.
“Si Hacienda cree que alguien está cometiendo un delito fiscal, debe utilizar los procedimientos legales y acudir a los tribunales. Investigar de esta manera puede generar serias dudas jurídicas”, ha señalado.
Riera también ha advertido de que la lucha contra el fraude debe realizarse con mecanismos transparentes y dentro del marco legal, especialmente cuando se trata de actuaciones que implican la recopilación de información personal.
Un debate sobre los límites de la investigación fiscal
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de las herramientas que puede utilizar la Administración para investigar posibles irregularidades fiscales.
Mientras algunos expertos defienden que las redes sociales pueden ser una fuente legítima de información pública, otros consideran que la utilización de identidades falsas por parte de organismos públicos plantea cuestiones éticas y jurídicas que deben ser clarificadas.
Por el momento, el Ministerio de Hacienda no ha detallado públicamente el alcance de este programa ni los procedimientos utilizados, lo que mantiene abierto el debate sobre la legalidad y la proporcionalidad de estas prácticas.
