La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023 está teniendo un impacto directo en los colectivos más vulnerables. La congelación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), referencia clave para calcular subsidios, becas y ayudas sociales, ha supuesto un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, a costa de quienes dependen de estas prestaciones.
El IPREM permanece fijado en 8.400 euros anuales (600 euros al mes en 14 pagas), sin actualizarse en línea con el IPC ni con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta congelación tiene un doble efecto regresivo: reduce el importe de las ayudas existentes y excluye a nuevos beneficiarios que, con leves incrementos de renta, quedan fuera de los umbrales de acceso.
Subsidios por desempleo en retroceso
Más de un millón de personas en España dependen del subsidio por desempleo, cuya cuantía se calcula sobre el 80% del IPREM. Al no revisarse este índice, la ayuda se mantiene en 480 euros mensuales, una cifra congelada pese a la escalada de precios y al aumento del coste de vida.
Impacto en becas y ayudas educativas
El IPREM también determina los umbrales de renta para acceder a las becas del Ministerio de Educación. Con su congelación, muchas familias con rentas apenas superiores a los límites pierden el derecho a ayudas para material escolar, tasas universitarias o manutención, aun estando en situaciones de vulnerabilidad.
Asistencia jurídica gratuita y vivienda
Otros sectores afectados son quienes solicitan asistencia jurídica gratuita, ya que el acceso se limita a no superar dos veces el IPREM. Lo mismo ocurre con los programas de vivienda protegida y ayudas al alquiler, donde los ingresos familiares no pueden exceder ciertos múltiplos del indicador.
Un “ahorro” a costa de los más vulnerables
Según los expertos, el ahorro acumulado por la congelación del IPREM alcanza 1.000 millones de euros anuales, equivalente a una décima parte del último presupuesto en Defensa. Este recorte silencioso, denuncian, se traduce en una pérdida de poder adquisitivo y en una menor red de protección social.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el viernes en el Fórum Europa que “para nada” da por perdidos los PGE de 2026 y aseguró que “dentro de poco” llevará al Consejo de Ministros la senda de déficit. Reconoció que el proceso de presupuestos está en elaboración y recalcó que el Gobierno seguirá “todos los trámites” para aprobarlos.
Sin embargo, mientras no se actualice el IPREM, subsidios, becas y ayudas seguirán congelados, con un efecto inmediato sobre quienes más dependen de ellos.
