El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a 2025 y un aumento de 37 euros al mes. La medida, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores en toda España.
El nuevo salario mínimo se sitúa en 17.094 euros brutos anuales o 1.424,5 euros al mes en 12 pagas. En el caso de empleadas del hogar o trabajos por horas, el mínimo queda fijado en 9,55 euros por hora efectiva.
Quiénes se benefician y en qué sectores
Según las estimaciones basadas en la Encuesta de Población Activa, el aumento del SMI tiene mayor impacto en colectivos con salarios más bajos. El 65,8% de los beneficiarios son mujeres y la medida afecta especialmente a jóvenes y trabajadores de menor cualificación.
Por sectores, el mayor efecto se concentra en:
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Agricultura: 27,9% de trabajadores afectados
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Servicios: 14,4%
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Industria: 5,1%
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Construcción: 5,3%
A nivel territorial, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones con mayor número de beneficiarios.
Además, el Gobierno ha aprobado una deducción fiscal de hasta 591 euros para garantizar que quienes cobren el SMI no tengan que tributar IRPF, manteniendo así su poder adquisitivo.
Desde 2018, el salario mínimo ha acumulado una subida del 66%, pasando de 735 euros mensuales a los actuales 1.221.
Sin apoyo de la patronal y con tensión en el diálogo social
El acuerdo no ha contado con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que cuestionan el impacto del incremento en los costes laborales y reclaman medidas para compensar su efecto en contratos públicos y pequeñas empresas.
Además, el pacto incluye el desarrollo de una regulación para evitar que las empresas absorban la subida mediante complementos salariales, un punto que las patronales ya han anunciado que podrían recurrir judicialmente.
Crece el debate sobre sus efectos económicos y sociales
La subida del SMI ha reabierto el debate sobre su impacto real en el tejido empresarial y el empleo. Andrés Caramés ha advertido en redes sociales de posibles efectos indirectos, especialmente sobre pequeños negocios y zonas rurales.
Según su análisis, las empresas con menor productividad podrían verse obligadas a subir precios, reducir plantilla o cerrar, mientras que las grandes compañías, gracias a las economías de escala, tendrían mayor capacidad para absorber el incremento salarial. Esto, sostiene, podría favorecer la concentración empresarial.
También señala que el aumento del salario mínimo podría dificultar el acceso al empleo de jóvenes, personas con baja cualificación, parados de larga duración o inmigrantes, al elevar el coste mínimo de contratación.
Otro de los riesgos apuntados es el impacto territorial. La equiparación salarial, argumenta, podría afectar más a negocios de zonas rurales o de baja densidad económica, acelerando el cierre de actividades y contribuyendo al fenómeno de la despoblación.
Entre la mejora de rentas y los retos del mercado laboral
Mientras el Gobierno defiende que la medida contribuye a reducir la desigualdad y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, el debate económico sigue abierto sobre su impacto a medio plazo en el empleo, la competitividad de las pymes y el equilibrio territorial.
La subida de 2026 consolida la política de incrementos sostenidos del salario mínimo, pero también refleja el equilibrio complejo entre protección salarial, sostenibilidad empresarial y dinamismo del mercado laboral.
