Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018, la deuda del conjunto del Estado ha crecido en más de 550.000 millones de euros, según datos oficiales del Banco de España.
Este incremento, que incluye la Administración Central, la Seguridad Social y otros entes estatales, ha elevado el pasivo público a niveles récord, con consecuencias directas para la economía y para los ciudadanos, que, como advierten numerosos expertos, “serán quienes lo acaben pagando”.
Seguridad Social: la deuda se cuadruplica
Uno de los indicadores más preocupantes es el comportamiento de la Seguridad Social, cuya deuda ha aumentado casi un 400% en apenas seis años. En 2018, el endeudamiento del sistema de pensiones rondaba los 34.000 millones de euros, mientras que hoy supera los 100.000 millones. Este incremento se ha producido en paralelo a una subida del gasto estructural, impulsado por el envejecimiento poblacional y el aumento de las prestaciones.
Administración Central: +500.000 millones en seis años
El grueso del aumento de la deuda pública se concentra en la Administración Central, que ha añadido casi medio billón de euros a su pasivo desde 2018. Esto se ha debido, en parte, a medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia, pero también a un crecimiento continuado del gasto que no ha ido acompañado de reformas estructurales en ingresos ni en eficiencia administrativa.
En total, la deuda pública española supera actualmente el 110% del PIB, lo que supone una de las cifras más elevadas desde la crisis financiera de 2008. Aunque los tipos de interés bajos de los últimos años han aliviado el coste financiero, el contexto de alzas en los tipos del Banco Central Europeo incrementa el gasto en intereses y pone en tensión las cuentas públicas.
¿Dónde ha ido ese dinero?
La gran incógnita para muchos ciudadanos y analistas es el destino exacto de esos más de 550.000 millones de euros adicionales. Parte de los fondos han sido dirigidos a prestaciones sociales, ERTEs, ayudas empresariales o programas europeos como el Next Generation EU. Sin embargo, diversas voces del ámbito económico piden mayor transparencia y control sobre la eficiencia del gasto, especialmente cuando la factura se traslada a largo plazo a las generaciones futuras.
Una herencia económica con impacto a largo plazo
Economistas y organismos internacionales alertan de que este nivel de endeudamiento, sin una senda clara de consolidación fiscal, limita la capacidad de reacción del Estado ante futuras crisis. Además, pone presión sobre los contribuyentes actuales y futuros, quienes deberán afrontar los pagos de esta deuda mediante impuestos o recortes en servicios.
La pregunta que se plantea es clara: ¿cómo se abordará esta deuda y quién la pagará?. Por ahora, lo único cierto es que tú, yo y todos los ciudadanos españoles estamos ya asumiendo el coste de una expansión del gasto sin precedentes recientes en la historia democrática del país.
