La sostenibilidad de la Seguridad Social vuelve a situarse en el centro del debate económico en España. Las recientes valoraciones del economista José Ramón Riera, centradas en el creciente volumen de transferencias del Estado al sistema, han reactivado una discusión que enfrenta distintas lecturas contables y políticas sobre el verdadero equilibrio financiero de las pensiones públicas.
La cuestión no es menor. La Seguridad Social gestiona una de las principales partidas del gasto público español: pensiones contributivas, incapacidad temporal, prestaciones familiares, Ingreso Mínimo Vital y otras coberturas esenciales. Con una población cada vez más envejecida y la jubilación progresiva de la generación del baby boom, el reto de financiación se intensifica.
Dos maneras de leer las cuentas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sostiene que el déficit del sistema se ha reducido y cerró 2025 en el 0,4% del PIB, el nivel más bajo desde 2011, apoyado en el fuerte crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales, que aumentaron un 6,9% interanual.
Sin embargo, algunos economistas y centros de análisis advierten de que esa fotografía cambia cuando se excluyen las transferencias estatales. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estimó que el desequilibrio financiero de la llamada “Seguridad Social ampliada”, sin contar ese apoyo presupuestario, rondaría los 69.800 millones de euros en 2025.
Es decir: una parte relevante del debate reside en si esas transferencias deben considerarse un rescate recurrente o una financiación ordinaria de gastos impropios que históricamente asumía la Seguridad Social.
Por qué el Estado transfiere dinero
En los últimos años, el Gobierno ha defendido que determinadas prestaciones no contributivas o políticas sociales deben pagarse con impuestos generales y no con cotizaciones laborales. Bajo ese criterio, el traslado de recursos desde el Estado a la Seguridad Social sería una corrección contable más que una anomalía.
Entre esos conceptos figuran complementos a mínimos, prestaciones familiares o parte del Ingreso Mínimo Vital. La AIReF, no obstante, ha pedido claridad metodológica y mayor transparencia en la evaluación de sostenibilidad del sistema.
El verdadero desafío: demografía y empleo
Más allá del debate técnico, los expertos coinciden en que el principal reto está en la evolución demográfica. España gana esperanza de vida, pero también aumenta el número de pensionistas. Eso obliga a financiar más prestaciones durante más tiempo.
Al mismo tiempo, la sostenibilidad depende del mercado laboral: salarios, empleo estable, productividad y cotizaciones. Si la economía crece y crea empleo, la presión se reduce. Si llega una recesión, el sistema vuelve a tensionarse.
Ese es el punto en el que inciden las advertencias más críticas: una crisis económica reduciría ingresos mientras mantiene el gasto elevado.
Qué medidas están en marcha
Las últimas reformas han introducido mecanismos para reforzar ingresos, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional destinada al Fondo de Reserva. En 2025, estos ingresos crecieron un 33% y superaron los 4.900 millones de euros.
Además, se han incentivado carreras laborales más largas, penalizado jubilaciones anticipadas y mejorado incentivos para retrasar la retirada.
Madrid y el impacto regional
Para comunidades como Madrid, con fuerte peso del empleo privado y alta afiliación, la evolución de la Seguridad Social tiene un efecto directo. Más ocupación implica mayores cotizaciones, pero también un futuro aumento del número de pensionistas.
El debate no es ideológico únicamente: afecta a impuestos, salarios, empresas y estabilidad presupuestaria.
La pregunta clave
¿Está en riesgo inmediato el pago de las pensiones? Hoy, no. España cuenta con capacidad financiera, acceso a mercados y respaldo institucional europeo. Pero el consenso técnico es claro: sin crecimiento económico sostenido, empleo robusto y ajustes periódicos, el sistema exigirá cada vez más recursos públicos.
