El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se mostró partidario este viernes de “regularizar” los pisos turísticos que actualmente no tienen licencia y “controlarlos”, pero no de “intervenir” o “delimitar” su número.
Así lo indicó a la salida de la conferencia sectorial mantenida entre las comunidades autónomas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la que se evaluó el impacto de los pisos turísticos en la vivienda residencial.
Rodrigo señaló que “lo que tienen que hacer las administraciones públicas es intentar por todos los medios regularizar, nunca intervenir, este tipo de viviendas”, porque se trata de “una actividad económica” y, al mismo tiempo, “intentar por todos los medios que no exista ningún tipo de injerencia por parte del Gobierno de España en las competencias de las comunidades y los ayuntamientos”.
El consejero regional cargó contra la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, por “usurpar” las competencias tanto al Ministerio de Industria y Turismo, como a la Comunidad de Madrid.
Para Rodrigo, si se quieren “regularizar” las viviendas turísticas, hay que “examinar” la Ley de Vivienda porque el aumento de este tipo de alojamientos se debe, a su juicio, “exclusivamente a la falta de seguridad jurídica” que provoca la norma que aprobó el Ejecutivo hace un año. Reclamó de nuevo la derogación de la norma.
“Si queremos solventar el incremento que hay de pisos turísticos en nuestra región lo que tenemos que hacer es examinar y derogar la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez”, aseguró. Pidió una nueva conferencia sectorial exclusiva para analizar el impacto de la ley en su primer año en vigor.
Por su parte, el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, destacó que la región no tiene un problema “grave” con la vivienda turística, que representa en torno a un 0,5% del parque total, con en torno a 3.800 viviendas, con más concentración en la provincia de Huesca.
En cualquier caso, señaló que para los cerca de 40 municipios más afectados por esta cuestión plantean la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler con fondos propios. Reiteró que Aragón necesita unas 16.000 viviendas públicas para acercarse a la media europea frente al 2,5% de peso sobre el parque actual.
Asimismo, trasladó que la semana que viene se producirá una reunión bilateral con el Ministerio de Vivienda y reclamó una reunión específica de las comunidades para abordar la situación de los jóvenes y la vivienda.