La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha calificado de "avance político sin precedentes" la reciente ratificación del 'Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria' para el periodo 2026-2030. Según la patronal española, este documento estratégico consolida de manera definitiva a las cooperativas, mutualidades y sociedades laborales como una prioridad en la agenda internacional y las sitúa como actores clave para responder a las crisis del siglo XXI.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, ha manifestado de forma tajante que este acuerdo es la demostración de que el sector ya forma parte estructural de las soluciones globales. Asimismo, Pedreño ha querido poner en valor el papel de España como prescriptor mundial de este modelo y ha calificado de "determinante" la implicación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Este nuevo logro da continuidad a una estrategia que ya permitió alcanzar hitos como la primera resolución de la ONU sobre la materia o la creación de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (Rifess).
Exigencia de fondos ante los próximos presupuestos de la UE
El respaldo a este marco de cooperación con Hispanoamérica coincide con un momento crucial en Bruselas: la negociación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el septenio 2028-2034. En su doble condición de líder de la patronal española y presidente de Social Economy Europe, Pedreño ha lanzado una advertencia clara: los reconocimientos institucionales deben traducirse de manera inmediata en recursos y financiación pública.
Bajo esta premisa, Cepes ha reclamado con firmeza que se blinde la dotación económica del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y se garantice el acceso directo de estas compañías a los nuevos instrumentos de inversión comunitaria. El portavoz del sector ha concluido recordando que la economía social vive "uno de los momentos más importantes de su historia", una ventana de oportunidad regulatoria que debe aprovecharse para apuntalar marcos financieros y legislativos que sigan generando empleo de calidad y cohesión territorial a escala global.
