La brecha financiera del sistema público de pensiones en España vuelve a abrir el debate territorial sobre su sostenibilidad y financiación. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes a 2024, Cataluña lidera el desequilibrio entre ingresos y gastos por pensiones contributivas, con un déficit que supera los 7.600 millones de euros.
Este agujero financiero se produce al comparar lo que cada comunidad autónoma recauda en cotizaciones sociales con lo que gasta en pensiones contributivas. Junto a Cataluña, también destacan Andalucía, País Vasco y Castilla y León como comunidades con un importante desfase negativo.
Por el contrario, Baleares se presenta como la única comunidad autónoma con superávit en este ámbito, lo que refleja un modelo laboral más joven y con menor presión demográfica en términos de población jubilada. Esta situación contrasta con regiones más envejecidas o con modelos productivos distintos, donde las cargas del sistema se vuelven más desproporcionadas.
¿Quién sostiene realmente las pensiones en España?
El análisis de estos datos ofrece una imagen precisa y cruda: el sistema de pensiones contributivas no está equilibrado territorialmente, y su sostenibilidad depende cada vez más de la redistribución entre comunidades. Esto implica que las regiones con mayor superávit –como Baleares– están sosteniendo financieramente parte de las pensiones que se abonan en otras zonas del país.
Esta realidad abre un frente de debate sobre el modelo de financiación autonómica, la solidaridad interterritorial y el futuro de la Seguridad Social. En un contexto de envejecimiento progresivo de la población y de menor crecimiento de la base cotizante en algunas regiones, la presión sobre el sistema amenaza con intensificarse.
Impacto y retos a medio plazo
Los expertos advierten que estos desequilibrios no solo tienen implicaciones económicas, sino también políticas y sociales. Las comunidades con mayores déficits podrían enfrentarse a ajustes si se plantearan mecanismos de financiación menos centralizados o más ligados a lo que cada región aporta. Además, el debate sobre pensiones se entrelaza con cuestiones como el mercado laboral, las tasas de empleo juvenil, la inmigración y el desarrollo económico regional.
A medida que el Gobierno central estudia reformas estructurales para garantizar la viabilidad del sistema, estos datos subrayan la necesidad de afrontar el problema con una visión de Estado que combine responsabilidad fiscal, cohesión territorial y justicia social.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Datos: Ejercicio 2024
