La Comisión Europea ha impuesto una sanción económica de 200 millones de euros a la plataforma de compras en línea Temu, de capital chino, por contravenir las disposiciones obligatorias del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). El Ejecutivo comunitario ha determinado que la corporación tecnológica no identificó, analizó ni evaluó con los niveles exigibles de diligencia profesional los riesgos sistémicos derivados de la comercialización de artículos ilegales en su interfaz, con el consiguiente perjuicio directo para la seguridad y los derechos de los consumidores de la Unión Europea.

La resolución de la administración europea se fundamenta en las evidencias y pruebas técnicas recopiladas por los servicios de inspección de la Comisión, las cuales constatan que existe una probabilidad muy elevada de que los usuarios comunitarios localicen y adquieran mercancías fuera de la legalidad vigente al navegar por la aplicación comercial. Conforme al marco normativo de la DSA, todas aquellas plataformas digitales que hayan sido formalmente designadas como de muy gran tamaño tienen la obligación vinculante de examinar de manera minuciosa las vulnerabilidades sistémicas asociadas a la prestación de sus servicios, quedando forzadas a implementar las correspondientes medidas de mitigación del riesgo de forma inmediata.

Críticas a la gestión corporativa e inoperancia de los controles internos

La valoración política y sectorial de la sanción ha estado liderada por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. La comisaria europea ha manifestado de forma categórica que los análisis de vulnerabilidad y seguridad no representan un mero trámite de carácter burocrático, sino que se configuran como la auténtica columna vertebral que sostiene la eficacia del Reglamento de Servicios Digitales en el mercado común.

La auditoría institucional realizada al gigante del retail minorista concluye que el documento de evaluación de riesgos aportado por Temu minimiza los peligros reales para la salud y los derechos de los consumidores, carece del grado de especificidad necesario para ser operativo, adolece de una falta flagrante de pruebas empíricas sólidas y no presenta un carácter exhaustivo.

Como consecuencia directa de estas omisiones en la gestión de control, tanto los organismos reguladores como los propios clientes y el público en general desconocen actualmente la verdadera dimensión y gravedad de los perjuicios potenciales que conllevan los productos ilícitos distribuidos a través del canal de venta, por lo que las autoridades europeas han requerido Temu que adapte su modelo de negocio al cumplimiento de la legislación.