La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha decidido paralizar el nuevo examen del sistema de pensiones encargado por el Gobierno, alegando que el documento no cumple con los requisitos legales y que se estaban produciendo presiones directas para suavizar sus conclusiones. La decisión ha desatado un nuevo choque institucional en torno a la sostenibilidad del sistema público y a la transparencia fiscal del Ejecutivo.
Según explicó José Ramón Riera en un análisis difundido en redes, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, habría solicitado “asilo en el Congreso” al considerar que el Gobierno pretendía condicionar el resultado del informe. “El Gobierno quiere que el informe salga como quiere el Gobierno y no como dicta la realidad”, aseguró Riera, quien denuncia un intento de “modelo Calviño” para presionar a la AIReF.
Un informe clave que el Gobierno intentó dirigir
El organismo fiscalizador mantiene que su mandato es ofrecer información independiente y veraz, especialmente en materia de pensiones, uno de los principales retos estructurales de España. Sin embargo, el Ejecutivo habría presionado para que el documento no recogiera advertencias sobre la sostenibilidad futura del sistema ni críticas al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), basado en incrementos de cotizaciones.
Riera sostiene que estas tensiones se deben a que la AIReF estaba dispuesta a afirmar en su informe que “el sistema actual de pensiones no se sostiene”, lo que supondría un “problema enorme para el Gobierno frente a Bruselas”. Según su valoración, reconocer la magnitud del déficit actuarial sería para el Ejecutivo “una bomba de relojería”.
La hucha de las pensiones, otra fuente de fricción
Uno de los puntos más conflictivos del análisis de la AIReF es la tesis de que la hucha de las pensiones no puede seguir engordándose a base de más impuestos, incluido el MEI, lo que habría generado especial malestar en el Ministerio de Hacienda.
Riera señala que esta visión “molesta muchísimo al Gobierno”, especialmente ante el contexto de vigilancia fiscal europea. “Las pensiones tienen un verdadero problema y si no se hace una reforma cascará”, alerta, insistiendo en que hay 9,5 millones de pensionistas cuya protección depende de una reforma estructural que el Ejecutivo habría evitado afrontar.
Temor a represalias y defensa de la independencia fiscal
Las presiones habrían llevado a la presidenta de la AIReF a solicitar amparo parlamentario. Riera expresa su preocupación por la posibilidad de una represalia política:
“Este Gobierno tiene muchas maneras de cesar a quien no dice lo que quiere oír”.
Además, advierte de que ya ocurrió algo similar cuando el Banco de España dejó de elaborar informes de pensiones, y teme que el Ejecutivo pretenda controlar también al organismo fiscal independiente: “Si la presidenta se aviene, tendremos otro órgano más controlado”.
Un conflicto con impacto directo en ciudadanos y cuentas públicas
La paralización del informe deja en el aire una evaluación esencial sobre el futuro de las pensiones —un área que concentra más del 40% del gasto público— y sobre la capacidad de España para cumplir sus compromisos con la Unión Europea.
“Cuando se manipulan los números, siempre pagamos los mismos: los ciudadanos —y mañana, los pensionistas”, señala Riera.
