El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes su decisión de mantener vigente la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La clave reside en que dicha norma no ampara el delito de malversación, lo que impide el regreso del expresidente catalán a España sin riesgo de ser detenido.
Esta posición refuerza la línea marcada por los jueces que instruyen las causas del procés, especialmente el magistrado Pablo Llarena, quien sostiene que la interpretación última de la ley corresponde al Tribunal Supremo y no al Tribunal Constitucional.
El Constitucional avala la ley, pero no la borra completamente
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, validó la ley de amnistía al procés, permitiendo el archivo de las causas por sedición, desobediencia y otros delitos conexos. Sin embargo, dejó fuera el delito de malversación agravada, vinculado a la desviación de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Este matiz jurídico deja fuera del alcance de la amnistía a Puigdemont, sobre quien pesa una acusación firme de malversación por parte de la Fiscalía del Supremo. Según recordó la fiscal del 'procés', el expresident “no puede venir a España sin ser detenido” mientras no se levante esa orden judicial.
Jordi Turull admite su participación en la redacción de la ley que le benefició
En paralelo, el debate sobre la legitimidad de la ley se ha visto reavivado tras las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los beneficiados por la norma, quien reconoció públicamente haber participado en la redacción del texto legal que ahora le indulta.
“Yo participé en la redacción de la ley, es clarísima. Pero tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, como Marchena y Llarena”, declaró Turull en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio. Estas afirmaciones refuerzan las sospechas de autoamnistía, un concepto duramente cuestionado por la Comisión Europea, que en su último informe expresó reservas sobre una ley “aparentemente auto-concedida por los propios beneficiarios”.
Europa decidirá sobre la legalidad de la amnistía
Este conflicto legal y político no termina en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá la última palabra tras recibir varias cuestiones prejudiciales que cuestionan si la ley vulnera los principios de independencia judicial, separación de poderes y lucha contra la corrupción del Estado de Derecho europeo.
El fallo del TJUE podría llegar en las próximas semanas y tendrá un impacto directo sobre la validez de la amnistía en su conjunto, así como sobre la viabilidad del retorno de Puigdemont y otros procesados.
Junts exige el fin de la persecución judicial
Desde Junts, el partido de Puigdemont, se exige la retirada inmediata de la orden de detención, considerando que la ley de amnistía debería incluir todos los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación. El partido independentista ha denunciado la actuación del Supremo como “una interpretación política de la justicia”, mientras que el Gobierno central ha evitado pronunciarse abiertamente, en un intento de mantener el equilibrio con sus socios parlamentarios.
Una decisión con consecuencias políticas y judiciales de largo alcance
La persistencia del Tribunal Supremo en mantener la orden de detención marca un nuevo episodio en el conflicto institucional entre Poder Judicial y Ejecutivo, y reaviva las tensiones entre los socios de investidura del Gobierno de Sánchez.
Mientras se espera el pronunciamiento definitivo del TJUE, el futuro judicial y político de Puigdemont sigue bloqueado, y su posible regreso a España dependerá no solo de la evolución jurídica interna, sino también del veredicto que llegue desde Luxemburgo.
