La Asociación de Internautas (AI), en colaboración con la Fundación España Digital (FED) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), ha presentado una reclamación formal ante el Defensor del Pueblo contra los bloqueos de webs y servicios digitales que, aseguran, se están produciendo de manera masiva y arbitraria en España durante la retransmisión de partidos de fútbol de La Liga.
Las entidades firmantes solicitan que el Defensor del Pueblo inste a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a intervenir de oficio, ante lo que califican de un “bloqueo indiscriminado” que interfiere en el funcionamiento normal de Internet cada fin de semana.
Cortes indiscriminados que afectan a servicios legítimos
Según denuncian las asociaciones, cada jornada de fútbol supone el apagón repentino de miles de webs en territorio español, provocando que internautas no puedan acceder a contenidos y servicios perfectamente legales. Entre los sitios afectados se mencionan a la Real Academia Española, la plataforma de videojuegos Steam, varios medios de comunicación, e incluso el Ayuntamiento de Madrid.
Los bloqueos se producen bajo el pretexto de una orden judicial contra la piratería de contenidos deportivos, aunque las organizaciones recalcan que ninguna resolución contempla cortar el acceso a webs legítimas, por lo que se trataría de una aplicación abusiva o defectuosa del mandato judicial.
Posible vulneración de derechos fundamentales
En su escrito, las entidades firmantes aseguran que esta práctica vulnera múltiples derechos constitucionales, en especial los reconocidos en los artículos:
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9 (principio de legalidad),
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20.1 a) (libertad de expresión),
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20.1 d) (libertad de comunicación),
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20.5 (cláusula de censura previa),
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y 38 (libertad de empresa).
Además, alertan de los daños colaterales que sufren miles de usuarios que nada tienen que ver con prácticas ilícitas, y critican la “impunidad” con la que, a su juicio, actúa una empresa privada en perjuicio del conjunto de la ciudadanía.
“Esta excéntrica forma de luchar contra la piratería pone en peligro el Estado de Derecho, abriendo la puerta a futuras intervenciones privadas sobre la red sin control judicial ni responsabilidad efectiva”, denuncian las asociaciones.
Llamamiento a la acción institucional
Las asociaciones piden al Defensor del Pueblo que actúe de inmediato y reclame una evaluación técnica e institucional del procedimiento por el cual se aplican estos bloqueos, instando a que se garantice la proporcionalidad, la transparencia y la protección de los derechos digitales de los ciudadanos frente a medidas técnicas de amplio impacto.
La reclamación subraya que proteger derechos de propiedad intelectual no puede implicar la suspensión arbitraria de derechos fundamentales, ni justificar la disrupción sistemática de servicios públicos y privados esenciales.
Este conflicto entre la lucha contra la piratería y la libertad en la red revive el debate sobre la gobernanza digital en España, el papel de los actores privados y la necesidad de marcos claros, auditables y respetuosos con el Estado de Derecho en la gestión del ciberespacio.
